La incursión minera en el paraje Aguas Calientes profundizó un grave escenario de confrontación comunitaria tras el avance de Amalaya en Catamarca. En el norte del departamento Belén, pobladores de Peñas Negras acudieron a la Justicia penal para denunciar agresiones físicas, amenazas e ingresos territoriales no autorizados por parte de la empresa, mientras la firma privada afirmó haber sido víctima de pedradas durante un muestreo geológico, exponiendo una severa fractura social en la región puneña.
Frente a la escalada de hostilidades, la abogada de Peñas Negras, Andrea Morales Leanza, presentó un recurso urgente ante la Fiscalía Penal de Belén solicitando la presencia de funcionarios judiciales en el lugar. El escrito exige constatar lesiones a comuneros, recabar testimonios y frenar el ingreso de personas en motocicletas sin identificación que circulan sin órdenes judiciales, denunciando que los accesos por Laguna Blanca permanecen bloqueados y que el conflicto afecta de manera directa a 36 familias locales y a cerca de 1.000 pobladores de la zona limítrofe con Salta.
La representante legal remarcó que las autorizaciones otorgadas a la compañía carecen de legitimidad básica al no contar con un informe de impacto ambiental aprobado ni con los procesos de consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios. Por su parte, la empresa minera difundió un comunicado donde agradeció el respaldo de las comunidades de Aguas Calientes, Carachi, La Angostura y Corral Blanco, desconoció la personería jurídica de Peñas Negras e informó que llevará adelante acciones penales por un trabajador herido durante los choques en los cerros.
Silencio judicial, pedidos de custodia desoídos y el rol del Ministerio de Minería
La mediación estatal también quedó empantanada tras frustrarse una mesa de diálogo convocada por el municipio de Villa Vil. Según el cacique de La Angostura, Bernardo Gutiérrez, la reunión entre autoridades de la Gobernación y referentes territoriales se suspendió por la negativa de los dirigentes que encabezan el reclamo, en un contexto donde las poblaciones cercanas arrastran postergaciones históricas como la falta de caminos consolidados, ausencia de red eléctrica formal y la carencia de un colegio secundario propio.
La falta de respuestas judiciales e institucionales incrementa la desprotección de las familias que rechazan la actividad extractiva. La defensa de Peñas Negras alertó que los pedidos de custodia policial enviados a la Fiscalía General y a la Procuración de la Corte provincial fueron totalmente desoídos, forzando a los letrados a ingresar al territorio a través de Jasimaná ante la negativa oficial de brindar garantías de seguridad para transitar por las rutas catamarqueñas habituales.
Esta inacción administrativa se alinea con la postura de los organismos dependientes del gobernador Raúl Jalil y de la cartera minera provincial. Mientras el diputado oficialista Juan Carlos Ledesma anunció pedidos de informes a Seguridad pero relativizó los episodios violentos, las dependencias gubernamentales convalidan el despliegue policial en la zona para resguardar a los operarios contratistas, ignorando los reclamos que exigen paralizar las faenas hasta esclarecer la legalidad de los pedimentos mineros otorgados en la Puna.
