El choque de posturas entre comunidades originarias y empresas extractivas sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones oficiales que abordaron el conflicto minero en Catamarca. En el marco de la inauguración de la Expo Productiva, la ministra de Minería, Teresita Regalado, defendió los permisos de prospección concedidos a la firma Amalaya en el departamento Belén y desestimó las denuncias de violencia comunitaria, mientras pobladores de Peñas Negras sostienen el bloqueo de accesos para impedir el paso de operarios.
La funcionaria diferenció la situación jurídica de los territorios en disputa al argumentar que las áreas autorizadas corresponden a Aguas Calientes, comunidad reconocida formalmente por el INAI y compuesta por 32 familias que habrían prestado su conformidad. Según la ministra, Peñas Negras surgió tras una escisión posterior cuyo estatus legal permanece en trámite, razón por la cual afirmó que el Estado respeta su decisión de no permitir tareas extractivas dentro de sus límites reconocidos.
Pese a esa delimitación técnica, la controversia persiste por la superposición de las áreas operativas. El Ejecutivo provincial habilitó tres zonas específicas bajo las denominaciones Aguas Calientes 1, 2 y 3 para la toma preliminar de muestras geológicas, en un perímetro donde los estudios iniciales detectaron indicios de oro, despertando el rechazo de asambleas territoriales que denuncian afectación directa de fuentes de agua y pastizales de altura.
Respecto a las acusaciones de hostigamiento y represión policial hacia los manifestantes, Regalado negó de forma tajante el uso desmedido de la fuerza. La titular de Minería aseveró que los organismos provinciales intervienen únicamente para custodiar el ingreso de los operarios contratados y permitir la recolección de minerales en un clima pacífico, asegurando que los procesos de consulta social se cumplimentaron en tiempo y forma.
Custodia policial a empresas, división comunitaria y el aval de Raúl Jalil
La justificación de la cartera minera expone las contradicciones de la gestión encabezada por el gobernador Raúl Jalil. Mientras el discurso del Ejecutivo provincial proclama el diálogo constante y la participación ciudadana en foros productivos, en el territorio del oeste catamarqueño se recurre al despliegue de cordones policiales para abrir paso a maquinarias privadas sobre zonas donde las familias originarias denuncian falta de consentimiento libre e informado.
Asimismo, la estrategia gubernamental de fraccionar el mapa comunitario para legitimar permisos a contratistas de Amalaya profundiza la fragmentación social en Belén. Lejos de acercar posiciones institucionales neutrales, los organismos públicos provinciales convalidan la extracción mineral temprana con el argumento de capacitar mano de obra local, ignorando los pedidos de informes y el silencio judicial que denuncian los abogados de las comunidades afectadas.
La postura fijada en el Predio Ferial ratifica la determinación oficial de sostener las prospecciones a pesar del conflicto minero en Catamarca. Con asambleas que mantienen guardias en los cerros, denuncias cruzadas por la actuación de las fuerzas de seguridad y un mineral codiciado como el oro en juego, los habitantes de la Puna exigen frenar la intervención minera hasta garantizar la protección efectiva de sus territorios ancestrales.
