Una profunda parálisis administrativa y fuertes cuestionamientos operativos colocaron en el centro de la polémica al Ministerio de Minería en Catamarca. Mientras los funcionarios provincionales promocionan a la provincia en foros internacionales como un polo de atracción de capitales, operadores del sector denuncian que la cartera minera local se transformó en un obstáculo constante que demora expedientes clave durante años y desalienta la llegada de nuevos proyectos exploratorios.
Pese a que el Código de Procedimientos Mineros reformado en 2020 fija un plazo de 60 días para emitir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), los trámites demoran en promedio hasta dos años. Casos como el de Pampa Exploración, que lleva más de un año y medio sin resolución para sus áreas en Tinogasta, o los cinco meses de idas y vueltas para la reactivación de Bajo La Alumbrera, confirman una lentitud burocrática que contrasta abiertamente con los plazos de cuatro semanas que ofrece la provincia vecina de Salta.
En los pasillos del organismo se apunta de lleno contra la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera (DIPGAM), señalada como un filtro donde se acumulan expedientes sin definir. Operadores locales advierten que decisiones de alta complejidad técnica terminan delegadas en personal sin título habilitante, mientras los mandos jerárquicos evitan firmar autorizaciones por temor a quedar expuestos administrativamente, frenando inversiones que terminan emigrando hacia distritos como San Juan o Salta.
A esta inercia se suma la sospecha de un trato preferencial hacia grandes multinacionales. Mientras las pequeñas y medianas empresas afrontan exigencias interminables para explorar, corporaciones de gran escala como Rio Tinto o Zijin-LIEX obtienen aprobaciones a un ritmo acelerado, alimentando críticas sobre un doble estándar oficial en la evaluación de los proyectos y el manejo de los recursos naturales.
Vínculos familiares, falta de controles y pérdida del liderazgo frente a la región
Las sospechas de parcialidad alcanzaron a la Policía Minera a través de su director Luciano Morcos, excompañero laboral en una consultora privada de Carlos Regalado, hermano de la ministra Olga Teresita Regalado. La falta de experiencia previa del funcionario en fiscalización quedó expuesta tras el rescate de catorce operarios atrapados en un temporal en la Puna a quince grados bajo cero, episodio donde se omitieron los protocolos vigentes de monitoreo invernal y traslado seguro.
Este esquema de demoras y desmanejos técnicos provocó que la provincia quedara relegada en las inversiones registradas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Con apenas 1.531 millones de dólares en proyectos propios, el territorio catamarqueño se ubica muy por detrás de los 13.473 millones de San Juan y de la cartera salteña, dejando a la actividad local con menos de una docena de firmas activas cuando podría albergar a un centenar.
