Un violento operativo en la zona sur de la Capital volvió a encender las alarmas por la proliferación del narcomenudeo en Catamarca. Efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas y de la División Inteligencia irrumpieron bajo orden del Juzgado Federal en una vivienda del barrio Santa Marta, donde desarticularon un punto de venta clandestino que funcionaba tras la fachada de una casa de familia, incautando 120 envoltorios de cocaína fraccionada para su comercialización directa.
Durante la requisa del inmueble, las fuerzas de seguridad secuestraron una balanza digital tipo gramera, tres teléfonos celulares y cuatro pastillas de midazolam, psicofármaco utilizado habitualmente para estirar o combinar sustancias ilegales. Las pericias de campo determinaron un pesaje total de 28 gramos de clorhidrato de cocaína, lo que derivó en la detención de dos hombres de 28 y 46 años, quienes quedaron incomunicados a disposición de la magistratura federal interviniente.
El procedimiento estuvo atravesado por momentos de extrema tensión cuando un grupo de personas no identificadas atacó a pedradas a los investigadores para entorpecer el registro judicial. Ante la agresión, la Policía provincial debió convocar refuerzos urgentes del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur), la División Guardia de Infantería y la Seccional Novena, desplegando un cordón antidisturbios para poder retirar a los sospechosos y resguardar la prueba secuestrada.
En simultáneo, otro operativo en el barrio Jesús de Nazareth expuso la diversificación del negocio clandestino en las barriadas capitalinas. Personal de la Seccional Novena y sumariantes de la Unidad Judicial N° 9 detectaron en el patio de una propiedad un vivero no autorizado donde se incautaron 87 plantines de marihuana de diferentes tamaños, abriendo una segunda causa federal por cultivo sin habilitación oficial.
Kioscos en casas de familia, ataques a la policía y falta de contención en las periferias
La seguidilla de secuestros en el sector sur evidencia las fisuras de los planes preventivos que ejecuta el Ministerio de Seguridad bajo la gestión de Raúl Jalil. Vecinos de la zona advierten que la proliferación de puntos de fraccionamiento se consolida ante la ausencia de patrullajes disuasivos constantes, transformando a pasajes y descampados barriales en zonas liberadas donde las bandas operan a la vista comunitaria.
A este cuadro de desprotección policial se añade el vacío del Estado en materia de salud pública y asistencia a las adicciones. Pese a que las autoridades promocionan mesas intersectoriales, los centros de atención primaria barriales carecen de especialistas para contener el aumento de consumos problemáticos, dejando a las familias de los sectores vulnerables sin alternativas terapéuticas frente al avance territorial de los comercializadores de estupefacientes.
Los disturbios desatados durante los allanamientos ratifican la gravedad del circuito del narcomenudeo en Catamarca. Con quioscos instalados en viviendas familiares, hostilidad armada contra los uniformados y cultivos ilegales en patios residenciales, la comunidad exige que el Gobierno provincial implemente intervenciones sociales y de seguridad permanentes para desarticular las redes barriales antes de que consoliden su dominio en la periferia capitalina.
