A más de un mes de la desaparición de Maira Romina Cabrera, las pesquisas sobre el paradero de su teléfono móvil reavivaron las críticas por las demoras judiciales en Catamarca. La joven de 28 años fue vista por última vez el 10 de agosto cuando viajó desde Casa de Piedra hacia Telaritos para cobrar la cuota alimentaria que debía entregarle su expareja, Eduardo “Pumpuna” Cejas, momento exacto en el que su dispositivo dejó de emitir señal a las 21:00 sin que hasta la fecha haya podido ser localizado.
El abogado de la familia damnificada, Rolando Crook, remarcó que el rastreo tecnológico del aparato resulta una prueba determinante para reconstruir el minuto a minuto del hecho. Las pericias solicitadas apuntan a determinar la geolocalización final de la antena, verificar si el equipo se apagó de forma manual y establecer las comunicaciones previas, medidas periciales que recién ahora comienzan a procesarse tras los informes remitidos por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado.
Mientras se aguardan los resultados del cruce de datos telefónicos y bancarios, la causa sumó la detención formal de Cejas, de 36 años, tras un allanamiento ejecutado al sur de la Ruta Nacional 60. Sin embargo, la imputación dispuesta por el fiscal coadyuvante Luis Córdoba Andreatta y la fiscal Jorgelina Sobh no contempla la desaparición de la mujer, limitándose exclusivamente a los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones leves tras agredir a un efectivo policial durante el procedimiento.
Medidas tardías, imputaciones menores y reclamo de celeridad procesal
La investigación incorporó además la citación testimonial en Recreo a cuatro choferes de camiones que habían sido identificados previamente por la división especializada en Trata de Personas. Familiares y allegados de Maira cuestionan que la recolección de testimonios claves y las inspecciones sobre las rutas de tránsito pesado se concreten con semanas de retraso respecto a la fecha inicial de la denuncia.
Las dilaciones en la recolección de indicios interpelan directamente el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal bajo la administración provincial de Raúl Jalil. Organizaciones sociales y colectivos de mujeres denuncian que la falta de recursos técnicos propios en las circunscripciones del interior obliga a depender de peritajes externos, dilatando medidas de rastreo urgentes durante las primeras horas críticas posteriores a una desaparición.
A este cuadro se suma la fragilidad institucional para contener a las familias en parajes rurales alejados de los centros urbanos. La comunidad de Casa de Piedra reclama que las autoridades judiciales concentraron los allanamientos y el secuestro de terminales electrónicas recién cuando el caso tomó repercusión pública, dejando pasar un tiempo valioso para dar con el paradero de la joven madre.
