Un nuevo acto institucional desarrollado en las instalaciones del Cine Teatro Catamarca reactivó las discusiones sobre la violencia digital en Catamarca. El Consejo Provincial para la Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y de Género llevó adelante su sexto encuentro anual enfocado en entornos virtuales, reuniendo a funcionarios de primera línea, magistrados y representantes del gobierno nacional en una actividad que acumuló declaraciones protocolares de interés pero pocas medidas operativas para auxiliar a las víctimas cotidianas de hostigamiento en redes.
El cónclave contó con la presencia del vicegobernador Rubén Dusso, la titular del Consejo Laila Saleme, el ministro Alberto Natella y el secretario de Seguridad Gastón Venturini, junto a autoridades judiciales especializadas en ciberdelitos. Pese al despliegue discursivo en torno a la aplicación de la Ley Olimpia, asistentes y operadores del sistema señalaron que las expresiones formales no logran disimular la marcada escasez de recursos informáticos y periciales que padecen las fiscalías locales para rastrear ataques cibernéticos y suplantaciones de identidad.
Durante los paneles se abordaron temáticas como el tratamiento mediático de los casos, la gestión basada en datos y las modalidades delictivas a cargo de especialistas policiales. Sin embargo, familiares de víctimas de acoso virtual remarcan que la Justicia catamarqueña carece de protocolos expeditivos de preservación de prueba digital, lo que provoca que las denuncias radicadas en sede judicial queden archivadas por la lentitud en cursar requerimientos a plataformas tecnológicas extranjeras.
La sobreabundancia de reconocimientos legislativos impulsados por las cámaras de Senadores y Diputados evidenció la distancia entre el recinto parlamentario y las aulas secundarias. Aunque legisladores anunciaron proyectos para abordar la problemática en ámbitos educativos, docentes del interior denunciaron que los gabinetes interdisciplinarios siguen sin crearse y que las escuelas carecen de pautas de contención directa frente a la difusión no consentida de imágenes íntimas entre estudiantes.
Actos de salón, juzgados sin peritos informáticos y falta de respuestas
Esta preferencia por la visibilidad protocolar interpela las prioridades del Gobierno provincial conducido por Raúl Jalil. Diversas organizaciones de mujeres critican que el Ejecutivo destine fondos a eventos de auditorio en la Capital mientras desatiende las áreas asistenciales de la periferia, donde no existen guardias de atención psicológica para damnificadas ni oficinas descentralizadas para recibir presentaciones por delitos informáticos.
A la debilidad estructural del fuero penal se suma la falta de estadísticas públicas unificadas sobre denuncias por ciberacoso y extorsión virtual en los departamentos chacareros. Las víctimas que concurren a las comisarías se encuentran habitualmente con personal policial sin capacitación técnica básica para tomar exposiciones de este tipo, forzando a las denunciantes a deambular por distintas dependencias sin obtener órdenes cautelares de cese de hostigamiento.
El encuentro realizado en la sala mayor capitalina visibiliza las falencias prácticas que rodean a la violencia digital en Catamarca. Con discursos oficiales que celebran marcos teóricos mientras las denunciantes enfrentan trámites engorrosos y carencia de peritos especializados, la sociedad exige que el Estado provincial traduzca los homenajes protocolares en herramientas de investigación eficaces y contención real en el territorio.
