La marcada distancia entre la agenda de eventos corporativos del Ejecutivo y la realidad de los barrios reabrió el debate sobre los servicios públicos en Catamarca. Mientras el Gobierno celebró un balance de 742 millones de pesos por ocupación hotelera en la Capital, las urgencias comunitarias del interior y del área metropolitana exponen un retraso que no encuentra respuesta en las partidas presupuestarias provinciales.
El malestar ciudadano se evidencia en el deterioro de la infraestructura urbana elemental. Residentes de Banda de Varela alertaron sobre el descontrol de conexiones clandestinas que provocan bajas de tensión y cortes en los hogares con boletas al día, mientras usuarios del Polideportivo Capital expusieron la falta de mantenimiento edilicio y el colapso de higiene en los sanitarios del predio deportivo.
A este escenario se suma la fragilidad institucional en las escuelas del interior. La comunidad educativa de la Escuela N° 282 de Quirós, en La Paz, denunció el apartamiento irregular de una docente titular junto a severas anomalías edilicias: raciones alimentarias deficientes en el comedor escolar, sanitarios insalubres y una falta generalizada de insumos pedagógicos básicos para los alumnos.
El desamparo territorial también golpeó al acervo histórico ante contingencias climáticas en Tinogasta. Las ráfagas de viento dañaron la centenaria iglesia de Anillaco, construida en 1712, un episodio que restauradores atribuyeron al abandono preventivo y a la falta de un fondo oficial de conservación para blindar los atractivos de la Ruta del Adobe frente a las inclemencias meteorológicas.
Gastos en convenciones, desatención barrial y asfixia en los hogares
Las prioridades financieras de la gobernación a cargo de Raúl Jalil enfrentan fuertes críticas de organizaciones vecinales y gremiales. Diversos sectores señalan que el Gobierno destina logística y fondos públicos a financiar torneos y convenciones en la Capital, mientras posterga el dragado de ríos ante la inminencia de El Niño y mantiene a las dependencias barriales sin cuadrillas técnicas operativas.
El cuadro de precariedad de las prestaciones estatales convive con una asfixia financiera sin precedentes en la población civil. Con una tasa de morosidad crediticia del 35,5% que coloca a la provincia como la tercera con más deudores del país, y casi la mitad de los jóvenes sin posibilidades de emanciparse, las familias sufren aumentos en vivienda y tarifas sin recibir una contraprestación eficiente del Estado.
La seguidilla de reclamos y fallas territoriales vuelve a poner en jaque el estado de los servicios públicos en Catamarca. Con tendidos eléctricos al límite, edificios comunitarios deteriorados y comunidades del interior reclamando asistencia básica, la ciudadanía demanda que el Ejecutivo provincial redireccione los recursos públicos hacia las necesidades estructurales postergadas de la sociedad catamarqueña.
