El avance de los yacimientos a cielo abierto profundizó los reclamos de las comunidades cordilleranas, encendiendo el debate sobre el impacto minero en Catamarca. Vecinos, productores rurales y asambleas socioambientales de localidades cercanas a los enclaves extractivos advierten sobre la constante presencia de material particulado en el aire, producto de las detonaciones en altura y del incesante tránsito de camiones de gran porte sobre caminos consolidados que atraviesan caseríos tradicionales del interior provincial.
Pobladores de los departamentos Andalgalá, Belén y Santa María denunciaron un marcado incremento de cuadros alérgicos, afecciones respiratorias crónicas e irritaciones oculares, afectando de manera directa a niños en edad escolar y adultos mayores. Los frentistas señalan que las nubes de polvo mineral en suspensión cubren techos, pasturas para el ganado y copas de árboles frutales, deteriorando la calidad de vida cotidiana en pueblos que históricamente basaron su subsistencia en la agricultura familiar y el turismo de descanso.
La preocupación comunitaria se agrava ante la falta de infraestructura sanitaria adecuada para atender contingencias de origen toxicológico. En las salas de primeros auxilios y hospitales departamentales no existen reactivos de laboratorio para realizar dosajes de metales pesados en sangre ni médicos especialistas en toxicología laboral o ambiental, forzando a las familias a costear traslados hacia el Valle Central para obtener diagnósticos clínicos certeros.
A este cuadro de vulnerabilidad sanitaria se añade el daño silencioso sobre las economías locales. Productores agrícolas de los valles del oeste advierten que las capas de sedimentos sobre las hojas obstaculizan los ciclos de fotosíntesis en olivares y nogales, mermando el rendimiento de las cosechas y reduciendo el valor comercial de los frutos, sin que existan mecanismos de compensación económica por el deterioro ambiental ocasionado en las parcelas linderas.
Salas de primeros auxilios sin especialistas, polvo constante y desamparo oficial
Esta ausencia de relevamientos epidemiológicos interpela de manera directa las prioridades de la administración encabezada por Raúl Jalil. Organizaciones vecinales critican que el Ministerio de Minería y la cartera de Salud provincial concentren sus partes de prensa en celebrar la recaudación de regalías y canon extractivo, mientras evitan financiar estudios de morbilidad independientes que clarifiquen el origen de las patologías denunciadas por las poblaciones asentadas en las zonas de influencia.
La desconfianza ciudadana aumenta ante la falta de estaciones públicas de monitoreo continuo de calidad del aire en los perímetros urbanos. Los pobladores cuestionan que los reportes de emisión atmosférica presentados periódicamente ante los organismos reguladores sean contratados y costeados por las propias empresas concesionarias, sin que los inspectores estatales ejecuten peritajes sorpresivos ni incorporen veedores comunitarios en los muestreos de campo.
La tensión latente en los pueblos del oeste expone las deudas no saldadas que rodean al impacto minero en Catamarca. Con comunidades rurales que reclaman controles médicos urgentes y ven amenazada su salud por la polución constante, la sociedad civil exige al Ejecutivo provincial auditorías ambientales rigurosas y la provisión inmediata de especialistas hospitalarios antes de que los perjuicios sanitarios adquieran un carácter irreversible.
