Una profunda conmoción sacude al oeste provincial tras confirmarse la investigación sobre una estafa piramidal en Catamarca. La Policía provincial, a través de la Comisaría de Fiambalá y divisiones de investigaciones complejas, intervino de oficio ante las maniobras de la plataforma GSFAR, una firma que bloqueó repentinamente las cuentas de cientos de vecinos luego de prometer retornos extraordinarios ligados a supuestos proyectos de energías renovables.
El mecanismo delictivo combinó captación virtual y despliegue comunitario en el departamento Tinogasta. La red operaba mediante dos jóvenes locales como promotores que administraban grupos de WhatsApp de hasta 800 miembros, sumando eventos sociales financiados para generar confianza. Además, las pesquisas señalan a una profesional de la zona como presunta recolectora del dinero en efectivo y transferencias que luego eran derivados a escalones superiores.
La maniobra reproduce fielmente la anatomía de un esquema Ponzi tradicional. La aplicación ofrecía duplicar el capital en plazos récord sin aval de la Comisión Nacional de Valores ni del Banco Central, condicionaba beneficios al reclutamiento de nuevos aportantes y terminó congelando los fondos cuando los usuarios intentaron retirar sus ahorros mediante el cobro de comisiones abusivas.
El episodio provocó honda indignación en la comunidad fiambalense al ver esfumarse el patrimonio de familias enteras. Los damnificados comenzaron a organizarse para radicar denuncias penales formales, mientras las autoridades de seguridad instaron a la población a frenar los giros de dinero hacia estas aplicaciones fraudulentas que continúan proliferando en las localidades del interior.
Controles ausentes frente a otra estafa piramidal en Catamarca
El colapso de GSFAR reactiva cuestionamientos hacia la pasividad de los organismos de control del Gobierno de Raúl Jalil. Vecinos y referentes locales reclaman la falta de campañas preventivas de alfabetización financiera y la tardía reacción de las áreas de fiscalización provinciales, las cuales no detectaron los eventos públicos ni las masivas convocatorias presenciales que la organización desplegó durante meses en Tinogasta.
La repetición de estos fraudes colectivos expone una preocupante inacción estatal en una provincia marcada históricamente por estafas de captación masiva de fondos. Desde distintos sectores señalan que las carteras de Seguridad y Economía siguen interviniendo solo cuando el daño patrimonial ya está consumado y las plataformas cortan los pagos, dejando a las familias trabajadoras en absoluta vulnerabilidad.
El bloqueo de retiros en Fiambalá confirma las graves secuelas que genera una nueva estafa piramidal en Catamarca. Con cientos de damnificados reclamando justicia en sede policial y un perjuicio económico que aún no tiene techo, la sociedad demanda sanciones ejemplares para los reclutadores locales y mayor firmeza judicial para impedir que sigan proliferando esquemas fraudulentos en el interior.
