El desfinanciamiento educativo derivó en una crítica situación para los comedores escolares de Catamarca. En el oeste provincial, establecimientos rurales del departamento Tinogasta debieron recurrir al fiado en almacenes barriales para sostener el almuerzo diario de los estudiantes, acumulando pasivos comerciales que oscilan entre los dos y cinco millones de pesos debido al atraso presupuestario del Ministerio de Educación conducido por el gobernador Raúl Jalil.
El epicentro del reclamo se concentra en Fiambalá, donde padres y docentes autoconvocados de la Escuela Provincial N° 224 remitieron una nota formal al Programa de Igualdad de Oportunidades (PIO). En el documento, las familias advirtieron que se vieron forzadas a rogar la intervención ministerial para saldar los compromisos contraídos con comerciantes zonales, remarcando que la falta de provisiones atenta contra la contención nutricional de niños pertenecientes a hogares de extrema vulnerabilidad.
Desde la comunidad educativa señalaron que una de las causas directas del quebranto es el método de asignación de partidas utilizado por el Ejecutivo provincial. Las partidas se calculan en base a los precios testigos de la Capital, ignorando los costos de flete y distribución hacia el interior, donde los valores de los artículos de primera necesidad registran brechas de recargo de entre el 100% y el 150% respecto al microcentro catamarqueño.
A este desajuste logístico se suma la reconversión de varias instituciones que pasaron de jornada simple a completa, extendiendo la carga horaria obligatoria de 08:00 a 16:00 horas. A pesar del incremento en las horas de permanencia del alumnado, las dependencias oficiales no actualizaron los fondos para cubrir el almuerzo y la merienda reforzada, obligando a los directivos a endeudar a los colegios para no suspender el servicio alimentario.
Desfasaje en el interior, escándalo de títulos y falta de auditorías
La crisis en las escuelas rurales profundiza los cuestionamientos hacia la cartera educativa provincial. Distintos sectores comunitarios denuncian que las áreas de infraestructura y programas sociales desatienden a los parajes alejados, mientras la Casa de Gobierno promociona equilibrios fiscales en Buenos Aires sin garantizar los insumos básicos para garantizar la alimentación de los alumnos más postergados.
Este conflicto en los comedores estalló en simultáneo con las irregularidades en los Institutos de Estudios Superiores (IES). El gremio docente SIDCA solicitó ser querellante penal tras detectarse al menos 35 títulos con graves inconsistencias en los ciclos 2024 y 2025, un expediente controvertido donde el oficialismo debió intervenir una sede formativa mientras los sindicatos denuncian la debilidad estructural de los mecanismos de control estatal en todo el territorio provincial.
La acumulación de deudas en los almacenes rurales deja al desnudo la fragilidad que atraviesan los comedores escolares de Catamarca. Con directivos sobrecargados por pasivos millonarios y familias que exigen soluciones inmediatas, la comunidad del oeste demanda que el Gobierno actualice los montos por alumno contemplando los costos reales del interior y asuma las obligaciones contraídas para resguardar la nutrición de los estudiantes.
