El dilatado esclarecimiento sobre el paradero de Maira Romina Cabrera profundizó los cuestionamientos sobre la investigación judicial en Catamarca. El Juzgado de Control de Garantías N° 2 confirmó la detención por ocho días de Jesús Cejas, expareja de la joven y última persona que la vio el pasado 10 de agosto, ordenando su inmediato traslado al penal de Miraflores bajo una carátula desvinculada formalmente de la desaparición.
La resolución adoptada por la jueza Cecilia Mas Saadi hizo lugar al requerimiento del fiscal coadyuvante Luis Córdoba Andreatta. Sin embargo, la medida cautelar se fundamentó en cargos por resistencia a la autoridad y lesiones leves durante un allanamiento en Telaritos, departamento Capayán, y en la necesidad de asegurar un testimonio clave, sin imputaciones directas sobre el destino de la joven madre.
Esta derivación procesal desató malestar en el entorno de la víctima, cuyos familiares vienen denunciando la falta de información oficial y demoras en las medidas periciales urgentes. Pese al hallazgo de rastros con reactivos positivos en la vivienda del sospechoso y a las declaraciones tomadas a transportistas que transitaron la zona, las autoridades judiciales aún no lograron determinar qué ocurrió desde aquel 10 de agosto.
El encarcelamiento preventivo en Miraflores por una causa paralela de menor cuantía deja al descubierto las dificultades de la fiscalía para consolidar pruebas determinantes. Durante los próximos ocho días, el Ministerio Público Fiscal deberá arbitrar los mecanismos para tomar la testimonial pendiente y definir si solicita la prisión preventiva o si la causa continúa empantanada sin imputaciones formales por la desaparición.
Demoras periciales, hermetismo y cuestionamientos a los organismos de seguridad
El manejo del caso Cabrera vuelve a situar bajo la mirada pública al Ministerio de Seguridad provincial y a los equipos forenses del Ejecutivo de Raúl Jalil. Organizaciones sociales y colectivos de mujeres cuestionan que los operativos de rastrillaje se activaron de forma tardía, permitiendo que transcurra más de un mes sin que se implemente una búsqueda territorial coordinada y exhaustiva en el interior de Capayán.
A este cuadro se añade la falta de respuestas claras por parte de las dependencias oficiales hacia la familia de la joven. Los reclamos señalan que mientras los funcionarios anuncian la incorporación de nuevos fiscales, las pesquisas sobre los contactos de la víctima y los peritajes en el inmueble allanado se dilatan en el tiempo, alimentando la angustia de los allegados que exigen conocer la verdad sin maniobras dilatorias.
El traslado de Cejas a la unidad carcelaria visibiliza las falencias que arrastra la investigación judicial en Catamarca. Con una joven desaparecida hace más de un mes y una causa sostenida mediante detenciones por delitos contravencionales periféricos, la sociedad exige que la Justicia actúe con celeridad y brinde explicaciones certeras sobre el paradero de Maira Cabrera.






