El conflicto por los haberes en los tribunales provinciales sumó un nuevo capítulo de tensión tras el pedido formal de recomposición de los judiciales en Catamarca. La Asociación Judicial de Catamarca (Ajuca) formalizó ante la Corte de Justicia la solicitud de un incremento salarial del 10% para toda la planta del fuero, advirtiendo que la falta de respuestas oficiales activará medidas de fuerza en las distintas dependencias.
La secretaria general del sindicato, Cecilia Falcón, confirmó que hasta el momento no obtuvieron contestación por parte del máximo tribunal provincial. La referente gremial adelantó que solicitarán una audiencia presencial para fundamentar el porcentaje requerido, señalando que los ingresos del personal continúan desfasados frente a la persistente suba del costo de vida en el Valle Central.
Desde la conducción sindical remarcaron que las presentaciones por mejoras de haberes se reiteran mensualmente para amortiguar el atraso en los ingresos. Falcón advirtió que la voluntad de diálogo tiene un límite temporal preciso, remarcando que si los ministros resuelven rechazar la recomposición deberán fundamentar los motivos, paso tras el cual el gremio definirá las acciones gremiales a seguir.
El planteo ocurre en un contexto de discusiones salariales previas donde los agentes judiciales expresaron su disconformidad con pautas menores, como el incremento del 2,9% otorgado por la administración central. La dirigencia insiste en que las partidas actuales resultan insuficientes para mantener la equiparación salarial y sostener el funcionamiento de los juzgados del interior y de la Capital.
Tensión con el Ejecutivo por la falta de fondos para la recomposición de los judiciales en Catamarca
La presión de los tribunales interpela directamente las previsiones financieras del Gobierno conducido por Raúl Jalil. En instancias previas de negociación, las autoridades de la Corte señalaron que no existían partidas adicionales giradas por el Ministerio de Economía provincial para afrontar subas extraordinarias, trasladando la responsabilidad presupuestaria a las decisiones de la Casa de Gobierno.
A su vez, la pretensión judicial reaviva la disconformidad de los empleados de los otros poderes del Estado. Sectores de la administración pública y de la docencia cuestionan que se habiliten tratativas diferenciadas para el Poder Judicial, recordando promesas pasadas de compensación general que nunca se concretaron para las categorías más postergadas del organigrama estatal.
La advertencia de Ajuca coloca a la Corte y a la provincia ante una encrucijada inminente respecto a la recomposición de los judiciales en Catamarca. Con los despachos oficiales en silencio y los trabajadores en estado de alerta a la espera de una audiencia, la falta de definiciones amenaza con paralizar la atención en los fueros judiciales de todo el territorio catamarqueño.
