La reactivación de tareas exploratorias en la Puna reavivó con fuerza el conflicto minero en Catamarca. El presidente de la firma a cargo del yacimiento en Peñas Negras y Aguas Calientes denunció actos de vandalismo y amenazas en su domicilio particular tras intentar iniciar la prospección geológica, exigiendo que las autoridades gubernamentales y la Justicia intervengan para garantizar el avance de las actividades extractivas en la región altoandina.
Desde la conducción empresaria señalaron que el frente del inmueble amaneció con carteles intimidatorios y consignas de repudio directo. Las autoridades corporativas argumentaron que el proyecto cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental emitida por la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera (DIGAM), asegurando que esta etapa inicial de prospección incluye a 20 trabajadores de la zona y no contempla el uso intensivo de fuentes hídricas ni maquinaria pesada sobre el terreno.
La postura patronal sostiene además que el emprendimiento posee el respaldo de cuatro de las cinco comunidades reconocidas en el área de influencia directa, estimando en un 95% el apoyo vecinal para generar puestos de trabajo formales frente a la marginación histórica de la Puna. Por tal motivo, reclamaron la apertura de mesas de diálogo con los sectores opositores para descomprimir la confrontación y permitir el relevamiento de rocas polimetálicas en un marco de paz social.
En contraposición, los pobladores originarios y colectivos socioambientales de Peñas Negras denuncian la vulneración de la consulta previa, libre e informada. Las familias del lugar advierten que los parajes permanecen bajo un estricto despliegue policial que derivó en heridos, niños que abandonaron temporalmente las escuelas y la preparación de amparos judiciales ante el avance de proyectos sobre las cuencas de altura de la Reserva de Laguna Blanca.
Fractura territorial, militarización y silencio oficial ante el conflicto minero en Catamarca
Esta escalada de tensiones en la cordillera expone las contradicciones en la política extractiva del gobernador Raúl Jalil. Organizaciones sociales cuestionan que el Ministerio de Minería valide permisos ambientales sin verificar en territorio la licencia social de las asambleas locales, disponiendo cuadrillas de seguridad pública para escoltar intereses privados en lugar de resguardar los derechos de las familias puneñas.
A este escenario se suma la ausencia de auditorías independientes por parte de los organismos ambientales y de derechos humanos de la provincia. La falta de mediación estatal profunda alimenta una fractura de convivencia comunitaria entre pobladores incorporados al proyecto y comunidades tradicionales que defienden el agua de las vegas, mientras los despachos ministeriales eluden intervenir de manera directa para desactivar el choque social.
La disputa territorial en Peñas Negras ratifica la persistencia del conflicto minero en Catamarca. Con denuncias penales cruzadas, comunidades movilizadas en defensa del territorio y efectivos policiales custodiando los accesos cordilleranos, la población exige que el Ejecutivo provincial suspenda los avances exploratorios y desmilitarice la zona hasta garantizar el respeto pleno a las decisiones de los pueblos originarios.
