Una ola de reclamos vecinales reavivó la polémica en torno a los programas oficiales en Catamarca. Usuarios de la capital denunciaron notorias diferencias de precios y sobreprecios aplicados en comercios barriales adheridos a los esquemas de subsidio y reintegro provincial, exigiendo al Poder Ejecutivo que revise de forma urgente la operatoria comercial y amplíe la participación a grandes cadenas de supermercados para evitar distorsiones en las góndolas.
A través de la línea de Reporte Ciudadano, consumidores detallaron brechas tarifarias considerables en productos de consumo básico entre negocios locales bajo convenio y cadenas comerciales no alcanzadas por la iniciativa. Entre los ejemplos documentados por los clientes, una botella de aceite de litro y medio alcanza los $7.900 en comercios participantes frente a los $5.900 en establecimientos externos, mientras que el kilo de yerba mate trepa de $2.800 a $4.000 a pocas cuadras de distancia.
Los damnificados calificaron las maniobras de remarcación como un aprovechamiento usurario que castiga directamente el bolsillo de los trabajadores. En los testimonios acercados por la ciudadanía se remarca que las subas abusivas se trasladan de forma alarmante a los cortes de carne vacuna y alimentos esenciales, anulando en la práctica el impacto de los reintegros y obligando a las familias a endeudarse para acceder al sustento elemental.
Ante esta situación, los consumidores reclamaron la intervención directa del gobernador Raúl Jalil para habilitar a hipermercados y cadenas minoristas al sistema de beneficios. La demanda vecinal apunta a fomentar la competencia de precios y terminar con la cartelización en el expendio minorista, advirtiendo que los incentivos estatales terminan licuados por la suba previa que aplican los comercios antes de las jornadas de descuento.
Fiscalización ausente, remarcaciones en góndolas y desamparo al consumidor
Las reiteradas denuncias exponen la falta de controles efectivos por parte de los organismos de Defensa del Consumidor provincial. Distintos sectores comunitarios cuestionan que las áreas estatales no ejecuten inspecciones sorpresivas ni apliquen sanciones a los locales que inflan los costos de referencia, desprotegiendo a una ciudadanía que afronta sueldos depreciados y facturas de servicios que tornan inviable el costo de vida cotidiano.
A este malestar se suma la contradicción entre los anuncios de reactivación mercantil y la pérdida de transparencia en la aplicación de las promociones. Mientras referentes comerciales locales se resisten a la apertura de las cadenas para preservar su clientela cautiva, las familias trabajadoras alertan que el beneficio gubernamental resulta ficticio cuando los comercios compensan los topes bancarios con recargos injustificados sobre los precios de mostrador.
El descontento ciudadano evidencia las fallas estructurales que atraviesan a los programas oficiales en Catamarca. Con remarcaciones especulativas que encarecen la canasta alimentaria y canales de inspección desatendidos, los vecinos del Valle Central exigen que la Casa de Gobierno abandone la condescendencia con los formadores de precios y garantice herramientas transparentes que aseguren un alivio económico verdadero.
