La apertura de una causa judicial en el distrito norte de la Capital volvió a colocar en el centro de la escena los episodios de maltrato animal en Catamarca. La Fiscalía de Instrucción N° 8 intervino tras la presentación formal de una mujer ante la Unidad Judicial N° 7, quien denunció la existencia de una grabación difundida en redes sociales donde se observa una presunta agresión física contra una mascota.
A partir de la exposición, la fiscalía ordenó peritajes técnicos inmediatos para identificar a la persona que aparece en el material fílmico y localizar el lugar exacto del hecho. Integrantes de la División Investigaciones llevaron adelante averiguaciones de campo que permitieron determinar el domicilio del acusado, aportando los datos necesarios para que la Justicia librara una orden de rescate domiciliario.
El operativo fue ejecutado por personal de la División Delitos Culturales y Ambientales, con el acompañamiento de sumariantes judiciales y agentes de la Dirección de Flora y Fauna. Durante el procedimiento se retiró de manera preventiva al ejemplar de la vivienda, resguardando su integridad y poniéndolo a disposición de la Justicia para evitar que continúe en una situación de vulnerabilidad.
En el marco del allanamiento, un médico veterinario examinó al animal para constatar su estado de salud general y documentar la existencia de lesiones. Finalizada la inspección facultativa, se dispuso el traslado y guarda transitoria de la mascota en una entidad proteccionista civil, mientras el fiscal Juan Manuel Sánchez Ruiz evalúa las pruebas para definir la imputación formal del investigado.
Rescate civil, falta de albergues y reclamos al Gobierno de Raúl Jalil
El caso expuso nuevamente las falencias del Estado provincial en la contención de víctimas de crueldad. Las organizaciones no gubernamentales remarcan que el Gobierno conducido por Raúl Jalil descarga el costo del alimento, la recuperación sanitaria y el alojamiento en asociaciones voluntarias, ante la ausencia total de un refugio público provincial dotado de infraestructura adecuada y partidas presupuestarias permanentes.
A este déficit asistencial se suma la lentitud institucional para intervenir de oficio. Sectores comunitarios cuestionan que las autoridades de Medio Ambiente actúen únicamente después de que los damnificados aportan videos o radican denuncias por cuenta propia, advirtiendo sobre la falta de inspecciones preventivas en los paseos urbanos y barrios donde se multiplican las situaciones de violencia hacia los animales.
La intervención judicial confirma las demandas no resueltas en torno al maltrato animal en Catamarca. Con protectoras vecinales desbordadas económicamente y causas que avanzan a partir de iniciativas civiles, la sociedad civil exige al Poder Ejecutivo provincial la puesta en marcha de un hospital veterinario público, guardias de rescate permanentes y sanciones penales efectivas contra los responsables de estos ataques.
