La apertura de una causa penal por ocupaciones no autorizadas en terrenos ribereños reactivó el debate sobre el río El Tala en Catamarca. La Fiscalía de Instrucción N° 4, conducida por Ricardo Córdoba Andreatta, inició actuaciones formales tras una presentación de Fiscalía de Estado para relevar la instalación de construcciones sobre tierras públicas próximas al cauce, en inmediaciones del Camping Municipal y a la vera de la Ruta Provincial N° 4.
El objetivo judicial apunta a verificar la antigüedad de los asentamientos, determinar quiénes son los ocupantes y analizar la situación registral de los predios. El foco central del expediente se apoya en un informe técnico sobre riesgo hídrico y amenaza hidrogeomorfológica, el cual remarca que cualquier fenómeno meteorológico extraordinario puede generar crecidas repentinas y poner en peligro inminente bienes y vidas humanas.
Para constatar las irregularidades en el terreno, la Justicia ordenó una inspección ocular con registros fotográficos y georreferenciados en toda la cuenca. La medida busca documentar el tipo de edificaciones levantadas sin aval oficial y comprobar si se avanzó sobre la línea de ribera, alterando los márgenes naturales del agua antes del inicio de la temporada de precipitaciones estivales.
La investigación incluyó pedidos formales de informes a ocho organismos públicos para deslindar responsabilidades administrativas. La fiscalía requirió antecedentes a Catastro, Registro de la Propiedad Inmobiliaria, ARCAT, Dirección Provincial de Hidrología, Defensa Civil, Vialidad Provincial, la Municipalidad de la Capital y la empresa EC SAPEM, buscando determinar si se otorgaron servicios en zonas no urbanizables.
Riesgo de crecidas y cuestionamientos a la fiscalización del Gobierno de Raúl Jalil
La intervención judicial dejó en evidencia las omisiones de control por parte de la gestión de Raúl Jalil. Vecinos del sector señalan que las áreas ambientales y de recursos hídricos del Poder Ejecutivo provincial permitieron el avance de construcciones sin realizar inspecciones periódicas en la zona, actuando únicamente cuando intervino la Justicia penal y no mediante un poder de policía preventivo.
A esta falta de supervisión se suma la advertencia judicial respecto a que el trámite penal no anula las obligaciones del Estado provincial. Las áreas administrativas correspondientes conservan la facultad de frenar obras, controlar el territorio e inspeccionar la ruta, medidas que no se implementaron con anterioridad para evitar que los particulares consolidaran instalaciones en sectores declarados expresamente como vulnerables.
El expediente penal iniciado en la Capital expone las falencias de ordenamiento y control sobre el río El Tala en Catamarca. Con construcciones emplazadas en franjas bajo amenaza directa de inundación y pedidos de informes cruzados entre dependencias públicas, los vecinos exigen un plan integral de protección civil que recupere los márgenes del cauce y garantice la seguridad territorial.
