Un grave episodio de tensión institucional y desatención burocrática reavivó los reclamos sobre la titularización docente en Catamarca. La profesora Corina Díaz, referente del espacio de Docentes Autoconvocados con más de dieciocho años de trayectoria ininterrumpida frente al aula, denunció haber quedado arbitrariamente marginada de las nóminas oficiales correspondientes al régimen de estabilidad laboral establecido por el Poder Ejecutivo Provincial a través del Decreto 336/26.
La educadora expuso que, a pesar de haber ingresado toda la documentación reglamentaria en tiempo y forma en las oficinas pertinentes, aquellos profesionales que no poseen afiliación gremial enfrentan trabas administrativas sistemáticas y falta total de respuestas oficiales. Según denunció la docente, mientras las cúpulas sindicales difunden listados e inciden de manera directa en la confección de los padrones, las dependencias gubernamentales retienen los expedientes individuales sin emitir notificaciones fehacientes.
La situación derivó en un dramático incidente el pasado 8 de septiembre en los pasillos del Centro Administrativo del Poder Ejecutivo (CAPE). Díaz, quien padece una afección neurológica de base (epilepsia), sufrió un severo cuadro de convulsiones clónico-tónicas como consecuencia de una acalorada discusión y el destrato institucional recibido al intentar presentar notas de reclamo y consultar el estado de su trámite administrativo.
Ante la urgencia del cuadro, efectivos policiales apostados en el predio y una unidad del Sistema de Atención Médica de Emergencia SAME intervinieron para asistirla sobre el suelo. Debido a la gravedad del desvanecimiento y los espasmos, los profesionales médicos dispusieron su traslado de urgencia al Hospital San Juan Bautista para su estabilización clínica.
Trabas burocráticas en el CAPE y cuestionamientos a la gestión de Raúl Jalil
El violento desenlace administrativo provocó la indignación del sector educativo independiente contra la gestión conducida por Raúl Jalil. Educadores autoconvocados fustigan que el Ministerio de Educación provincial utilice el Decreto 336/26 como un instrumento de cooptación sindical, delegando la fiscalización de las nóminas en gremios afines y desamparando a cientos de docentes sin afiliación que cumplen con todos los requisitos de antigüedad y títulos.
A raíz de este episodio, la docente damnificada elevó presentaciones formales dirigidas al gobernador y a la cartera educativa provincial. En los escritos exige el acceso irrestricto y la preservación de los registros fílmicos de las cámaras del CAPE como prueba del destrato padecido, reclamando además la regularización inmediata de los cargos sin condicionamientos gremiales ni discriminación ideológica hacia los trabajadores de la educación.
El caso de la profesora Díaz expone las severas arbitrariedades que empañan el proceso de titularización docente en Catamarca. Con educadores que sufren agresiones administrativas y un esquema burocrático condicionado por presiones sindicales, la comunidad docente exige al Poder Ejecutivo provincial garantizar transparencia absoluta, cumplimiento estricto de los decretos y trato digno a los trabajadores que reclaman estabilidad laboral.