La intimación formal para retirar a puesteros del principal paseo capitalino abrió un nuevo foco de tensión sobre el espacio público en Catamarca. Durante el último fin de semana, inspectores de la Secretaría de Protección Ciudadana notificaron a revendedores que operan en la céntrica Plaza 25 de Mayo, intimándolos a cesar sus actividades comerciales bajo los términos de la Ordenanza N° 7732/20, normativa que reserva ese circuito exclusivamente a creadores y artesanos locales.
La medida generó de inmediato la inquietud de los trabajadores informales, quienes advirtieron que la expulsión compromete el sustento de decenas de familias en un contexto de marcada contracción económica. Si bien la secretaria de Protección Ciudadana, Mariela Romero, admitió que existieron “contemplaciones” previas por la situación laboral de los feriantes, defendió el procedimiento llevado adelante el sábado para evitar la proliferación de artículos manufacturados que no corresponden al rubro de producción propia.
Desde el municipio sostuvieron que la intervención procura armonizar el derecho al trabajo con los reclamos de los vecinos y comerciantes tradicionales del casco céntrico. Sin embargo, las autoridades reconocieron que todavía no hay una definición tomada sobre el futuro de los puesteros, limitándose a convocar a reuniones con la Dirección de Economía Social para consensuar alternativas viables de funcionamiento en los próximos días.
Entre las variantes analizadas para la reubicación aparecen la Plaza de La Alameda y el Parque de Ferias contiguo al Polideportivo Capital, junto a otros paseos barriales como Valle Chico, Santa Marta, Plaza de Choya y el Parque Lineal. Pese a estas propuestas oficiales, los vendedores manifestaron sus dudas debido a que trasladar los puestos fuera del corazón comercial representaría un desplome directo en los niveles de facturación cotidiana.
Permisos informales, traslados inciertos y cuestionamientos al Gobierno de Raúl Jalil
La tardía aplicación de los controles exhibió notorias contradicciones en la administración articulada con el gobernador Raúl Jalil. Trabajadores independientes y referentes comunitarios cuestionan que las autoridades hayan tolerado durante meses la reventa en el microcentro sin ninguna fiscalización previa, recurriendo ahora a notificaciones sorpresivas sin haber garantizado de antemano predios acondicionados con servicios básicos e iluminación para albergar a los feriantes desplazados.
A esta falta de previsión urbana se añade la carencia de políticas provinciales orientadas a formalizar el empleo independiente en la capital. Organizaciones sociales fustigan que el Ministerio de Desarrollo Social y las dependencias laborales no ofrezcan herramientas crediticias ni centros fijos de comercialización, restringiendo la respuesta estatal al envío de inspectores para retirar puesteros del radio turístico sin atacar la raíz del desempleo estructural.
La intimación a los puesteros en la Plaza 25 de Mayo profundiza la discusión sobre la administración del espacio público en Catamarca. Con decenas de familias a la espera de un predio con concurrencia asegurada y comerciantes formales que exigen reglas claras, la ciudadanía reclama soluciones integrales que coordinen el uso de las plazas urbanas sin empujar a los sectores informales hacia una mayor precariedad.
