La seguidilla de hechos delictivos y el malestar vecinal en distintos puntos de la provincia pusieron en el centro del debate a la seguridad pública en Catamarca. Durante las últimas jornadas, el contraste entre procedimientos policiales de baja intensidad y la recurrencia de delitos contra comercios, instituciones y particulares expuso reclamos sobre la efectividad de las tareas de prevención territorial.
En la zona alta de la Capital, un delincuente armado con una faca y piedras asaltó un local sobre avenida Güemes Oeste, provocó destrozos y huyó, sumando el segundo atraco de similares características en menos de 72 horas. De forma simultánea, en la misma ciudad se realizaron retenes vehiculares en las seccionales Segunda y Sexta que culminaron con 11 personas demoradas y el secuestro de una bicicleta por falta de papeles, un balance que generó cuestionamientos vecinales sobre el foco de los patrullajes.
El panorama delictivo se extendió también hacia los departamentos del interior mediante el desmantelamiento de instalaciones comunitarias. En el departamento La Paz, la policía secuestró una bomba de agua y un termotanque robados del polideportivo municipal de Icaño y detuvo a dos jóvenes, mientras que en Ancasti se incautó otra bomba sumergible sustraída, evidenciando la falta de custodia en predios recreativos y sanitarios de los pueblos.
A esta sustracción material se suman las modalidades delictivas que impactan de lleno en los ingresos familiares. En Mutquín, autoridades locales y policiales admitieron el avance de engaños virtuales y telefónicos que vacían cuentas de jubilados en segundos, al tiempo que vecinos del Valle Central continúan denunciando ruidos molestos y picadas de motos con caño de escape libre sin presencia de controles inspectivos.
Demandas en el territorio y cuestionamientos a la gestión de Raúl Jalil
La reiteración de quejas en los barrios y comunas profundizó los reclamos dirigidos a la administración del gobernador Raúl Jalil. Vecinos, comerciantes y sectores autoconvocados señalan la falta de respuestas sostenidas por parte de los organismos provinciales encargados del orden público, fustigando que los operativos preventivos no logren disuadir los asaltos comerciales ni frenar el robo continuo de infraestructura básica.
A estas críticas se añade el cuestionamiento al accionar institucional en situaciones de extrema vulnerabilidad ciudadana. El malestar se hizo visible frente a la Fiscalía General, donde allegados a una víctima de abuso protestaron tras su demora esposada en una comisaría por dañar la moto de su agresor, denunciando desamparo de las áreas oficiales de contención y marcando un fuerte contraste con la lentitud judicial en la causa de fondo.
La coexistencia de asaltos a negocios, saqueos a dependencias del interior y fraudes telefónicos confirma las deficiencias de la seguridad pública en Catamarca. Con comunidades que reportan desde despojos en polideportivos hasta arterias comerciales desprovistas de patrullaje continuo, la ciudadanía insiste en la necesidad de que el Poder Ejecutivo provincial revise sus prioridades de vigilancia y brinde respuestas efectivas en las calles.
