Una jornada de protestas vecinales en el oeste provincial obligó a un abrupto replanteo respecto al diseño de la Zona Franca en Catamarca. Tras el malestar desatado por la exclusión inicial del distrito en el proyecto aduanero, pobladores y sectores productivos de Fiambalá concretaron un corte transitorio sobre la Ruta Nacional 60, forzando al Poder Ejecutivo a convocar a una reunión de urgencia para desactivar la escalada del conflicto en el departamento Tinogasta.
La medida de fuerza sobre la calzada nacional visibilizó el descontento de la comunidad fiambalense ante lo que consideraron una postergación arbitraria en el reparto de beneficios comerciales y fiscales. Frente a la presión de la asamblea ciudadana, el mandatario provincial debió comprometerse formalmente a impulsar una reforma legislativa que extienda el beneficio impositivo hacia la localidad cordillerana, manteniendo a Tinogasta como cabecera administrativa central.
El entendimiento alcanzado contempla enviar un proyecto a la Cámara de Diputados para modificar el marco legal provincial y adecuar la normativa al nuevo esquema bipartito. Asimismo, se acordó un viaje conjunto a Buenos Aires con representantes de la comunidad para gestionar ante los ministerios nacionales la ampliación del convenio original, buscando que la Casa Rosada autorice la doble sede aduanera.
El retroceso oficial en su postura inicial desnudó contradicciones en la planificación del régimen económico especial. Apenas veinticuatro horas antes de las protestas en la ruta, el Gobierno sostenía que la iniciativa debía radicarse de forma exclusiva en la cabecera tinogasteña y que una eventual ampliación quedaba sujeta a evaluaciones futuras, argumento que fue rechazado de plano por los productores locales.
Desencuentro territorial y cuestionamientos a Raúl Jalil
La necesidad de recurrir a cortes viales para ser escuchados reavivó los reparos hacia el gobernador Raúl Jalil. Dirigentes del oeste y referentes del sector productivo fustigan que el Ejecutivo intente presentar como un consenso espontáneo lo que en rigor fue una concesión obligada ante la movilización popular, señalando que la falta de consulta previa generó un foco de conflicto evitable entre dos pueblos vecinos.
A estos cuestionamientos se suma la incertidumbre respecto a los tiempos de homologación del trámite en la administración central. Legisladores y asambleístas advierten que la modificación dependerá de gestiones ante autoridades de la Nación que no garantizan plazos certeros, temiendo que la promesa funcione únicamente como un paliativo discursivo para apaciguar el malestar en las rutas sin asegurar partidas ni infraestructura concreta.
La pulseada vial en la Ruta 60 expuso las tensiones territoriales que rodean a la Zona Franca en Catamarca. Con vecinos que debieron paralizar el tránsito para evitar quedar marginados del desarrollo regional y un trámite que ahora dependerá de avales nacionales, la comunidad de Fiambalá anticipó que mantendrá el estado de alerta hasta que las modificaciones legales queden plenamente ratificadas y operativas en los despachos oficiales.
