Una serie de allanamientos ordenados en el oeste provincial reactivó los cuestionamientos sobre el rol de la Justicia en Catamarca. A partir de una denuncia penal radicada por una madre para resguardar la integridad de su hija, efectivos de la Comisaría Departamental Belén ejecutaron dos registros domiciliarios de urgencia y procedieron a la detención de un joven de 28 años, investigado formalmente en el marco de una causa por presunta vulneración a la integridad sexual.
El primer procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Control de Garantías, Laboral y de Menores de la Tercera Circunscripción Judicial en una vivienda ubicada en la localidad de La Ciénaga. En ese domicilio, los uniformados decomisaron siete teléfonos celulares que contendrían conversaciones e información digital considerada determinante para el avance de las pericias, mientras que el sospechoso resultó aprehendido momentos más tarde en la cabecera departamental.
Las actuaciones policiales prosiguieron con un segundo allanamiento ejecutado en un inmueble del barrio Las Flores, dentro de la misma ciudad de Belén. Allí, los agentes incautaron otros dos aparatos telefónicos, una tablet, cuatro tarjetas SIM, dos pendrives y una libreta con anotaciones, sumando un amplio volumen de elementos electrónicos que fueron puestos a disposición de la fiscalía interviniente para su análisis forense.
La incautación de este arsenal tecnológico en manos de una sola persona generó una fuerte alarma en la comunidad local respecto al alcance real de las maniobras denunciadas. Vecinos de la zona fustigan la vulnerabilidad a la que quedan expuestos los menores ante contactos digitales clandestinos, remarcando que el secuestro masivo de chips y dispositivos suele evidenciar maniobras prolongadas que operan sin ningún tipo de barrera preventiva institucional previa.
Demoras procesales y cuestionamientos a la gestión de Raúl Jalil
La reiteración de causas ligadas a ataques contra la integridad de menores desnudó las falencias operativas que rodean al gobernador Raúl Jalil. Comunidades educativas y familias del interior provincial fustigan que el Ministerio de Seguridad no dote a las comisarías departamentales de gabinetes periciales informáticos propios, obligando a trasladar los soportes digitales a la Capital y generando demoras burocráticas que paralizan las investigaciones penales durante meses enteros.
A este atraso técnico se añade la falta de políticas de contención psicológica integral dependientes de los organismos públicos provinciales. Dirigentes comunitarios denuncian que las dependencias sanitarias del oeste carecen de equipos interdisciplinarios para acompañar de forma inmediata a las víctimas y sus familias, dejándolas en soledad tras radicar denuncias penales complejas en tribunales alejados de los centros de asistencia.
El amplio secuestro de terminales electrónicas en Belén expone las deudas pendientes en torno a la Justicia en Catamarca. Con denuncias graves radicadas por madres del interior y acusados que acopian múltiples dispositivos para operar en las sombras, la ciudadanía exige al Ejecutivo provincial mayor celeridad en los peritajes forenses, recursos técnicos descentralizados y medidas firmes que garanticen una protección efectiva para las infancias en toda la provincia.
