Una condena dividida tras reiteradas nulidades reabrió una fuerte controversia judicial en Catamarca. La Cámara Penal N.º 2 resolvió declarar culpables a Emanuel Agüero y Gabriel Leiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal, imponiéndoles una pena de diez años de prisión efectiva. La sentencia llegó luego de un tortuoso recorrido procesal que incluyó dos fallos previos anulados y sucesivos cambios de integración en el tribunal.
La resolución no fue unánime entre los magistrados intervinientes. Mientras los jueces Lozano y Martoccia votaron a favor de la condena de ambos acusados, el juez Guillamondegui se pronunció en disidencia por la absolución aplicando el beneficio de la duda. Esta divergencia interna expuso las fisuras del proceso y anticipó de inmediato una nueva batalla legal en los tribunales provinciales.
La defensa técnica de los condenados confirmó que presentará un recurso de casación contra el veredicto. Por este motivo, el expediente no se encuentra firme y será elevado nuevamente a la Corte de Justicia provincial para analizar los planteos interpuestos, prolongando la indefinición de un caso que se arrastra desde hace años sin resolución definitiva para las partes involucradas.
El derrotero judicial del caso INTA provocó severos cuestionamientos por las demoras procesales y la revictimización de la denunciante. Durante las etapas previas, la víctima enfrentó detenciones policiales e imputaciones tras protagonizar reclamos por la parálisis del trámite, desnudando la asimetría institucional entre el rigor aplicado contra la denunciante y la lentitud para juzgar a los agresores.
Falta de contención a las víctimas y cuestionamientos al Gobierno provincial
La falta de respuestas ágiles en las causas de violencia de género reavivó los reparos hacia el gobernador Raúl Jalil. Organizaciones sociales y colectivos de mujeres fustigan que los organismos dependientes del Poder Ejecutivo provincial no brinden un acompañamiento interdisciplinario eficaz a las víctimas durante litigios tan prolongados, dejándolas desamparadas frente al desgaste emocional y judicial que provocan las constantes anulaciones técnicas.
A este reproche se añade la ausencia de dispositivos integrales de asistencia legal gratuita en el interior del distrito. Dirigentes comunitarios denuncian que mientras las dependencias oficiales difunden protocolos formales, las dependencias judiciales y de salud carecen de profesionales suficientes para brindar asistencia psicológica continua, profundizando la vulnerabilidad de quienes denuncian delitos graves contra la integridad física en los departamentos provinciales.
La condena dictada por la Cámara Penal N.º 2 refleja la persistencia de una profunda controversia judicial en Catamarca. Con un fallo que volverá a ser revisado por la Corte provincial y años de desgaste para la denunciante, la ciudadanía exige reformas operativas de fondo que aceleren los tiempos de los juicios y garanticen una protección real y efectiva para las víctimas de agresiones sexuales.
