Una seguidilla de operativos policiales y actuaciones judiciales reactivó las quejas vecinales ante la inseguridad en Catamarca. En el norte de la Capital, la División Ciberdelitos de la Policía de la Provincia y la Unidad Judicial N° 8 allanaron una vivienda en la manzana “G” del barrio La Esperanza por orden del Juzgado de Garantías N° 2 y la Fiscalía N° 7, tras denuncias reiteradas de vecinos que sufrieron maniobras fraudulentas y estafas económicas en la zona urbana.
Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron teléfonos celulares y comprobantes impositivos vinculados a la causa. Los habitantes de los barrios periféricos advierten que la proliferación de fraudes y delitos informáticos se suma a los hechos delictivos tradicionales a mano armada y robos comerciales, generando un escenario de vulnerabilidad permanente ante la falta de patrullajes preventivos suficientes en las calles de la ciudad.
El panorama delictivo y judicial impacta con crudeza también en las localidades del interior provincial. En parajes de La Paz y Belén, vecinos y productores denuncian la usurpación de predios comunitarios, desmontes clandestinos con topadoras y situaciones de explotación laboral sin que los destacamentos policiales locales cuenten con personal ni movilidad básica para frenar los abusos territoriales que alteran la convivencia cotidiana.
A estos episodios se suman los reclamos por impunidad y lentitud en causas complejas que involucran a dependencias estatales. El fallo de la Cámara Penal N.º 2 por los abusos en el INTA, que culminó con una sentencia de diez años aún sin quedar firme tras reiteradas nulidades, expone el desgaste de las familias que deben peregrinar por los tribunales exigiendo celeridad y protección efectiva frente a los agresores.
Falta de recursos policiales y críticas a la gestión de Raúl Jalil
La reiteración de hechos delictivos y la desprotección comunitaria profundizaron los reparos hacia el gobernador Raúl Jalil. Organizaciones barriales y asambleas vecinales fustigan que el Ministerio de Seguridad concentre sus anuncios en áreas centrales de la Capital mientras las comisarías de los departamentos carecen de insumos elementales, dejando a la ciudadanía desamparada frente al avance de redes de estafa y bandas organizadas.
A este cuestionamiento se añade la falta de respuestas institucionales frente a los reclamos de justicia de las familias de víctimas de violencia institucional y de género. Colectivos sociales remarcan la contradicción de un Poder Ejecutivo provincial que publicita convenios protocolares mientras los sectores más humildes sufren hostigamiento, demoras crónicas en las investigaciones judiciales y una ausencia total de asistencia legal y psicológica gratuita en las dependencias oficiales.
El reciente allanamiento en el barrio La Esperanza y los conflictos territoriales en el interior confirman la gravedad de la inseguridad en Catamarca. Con vecinos que exigen investigaciones ágiles y comunidades que defienden sus propiedades sin respaldo de las fuerzas de seguridad, la sociedad civil reclama al Gobierno medidas operativas urgentes, mayor equipamiento en las seccionales y una política criminal efectiva para frenar el delito.
