Un violento desenlace barrial tras la culminación de un juicio por jurados volvió a tensionar a la Justicia de Catamarca. El Ministerio Público Fiscal ordenó la detención de seis integrantes de la familia de José “Pelado” Leiva, cuatro mujeres y dos hombres, acusados de provocar destrozos y proferir amenazas frente al domicilio de Cristian Nieva, quien días atrás resultó absuelto por un jurado popular por el homicidio de la víctima ocurrido en abril de 2024.
La reacción violenta se desató tras conocerse la resolución de los doce ciudadanos que declararon no culpable a Nieva, desestimando la acusación fiscal sobre la golpiza que causó la muerte de Leiva en el barrio Cristo Rey. La decisión absolutoria provocó la furia de los allegados del fallecido, quienes se movilizaron hasta la vivienda particular del imputado liberado, desbordando el dispositivo policial y causando daños materiales en la fachada del inmueble.
Efectivos policiales debieron montar un operativo de urgencia para dispersar el ataque e impedir mayores consecuencias físicas. Los seis aprehendidos permanecen alojados en sedes policiales a la espera de ser indagados este sábado en los tribunales penales, donde se les imputarán preliminarmente los delitos de amenazas y daños, en una causa que podría sumar agravantes a medida que se incorporen testimonios y peritajes de los destrozos.
El conflicto desnudó las severas falencias en los esquemas de prevención territorial que acompañan los fallos de alto impacto social. Pese a que el juicio por jurados concluyó con una resolución absolutoria previsiblemente conflictiva para ambas partes, los organismos de seguridad no previeron guardias preventivas en el domicilio del absuelto, facilitando un nuevo foco delictivo que terminó con más ciudadanos privados de su libertad.
Desprotección de testigos y reparos a Raúl Jalil
La falta de custodia y prevención estatal reavivó los cuestionamientos dirigidos hacia Raúl Jalil. Diversos sectores comunitarios fustigan que el Ministerio de Seguridad y los organismos judiciales no coordinen protocolos de contención para evitar represalias vecinales tras debates controvertidos, permitiendo que las calles capitalinas se conviertan en escenarios de justicia por mano propia ante el retiro pasivo de los móviles policiales.
A esta negligencia se añade la falta de esclarecimiento sobre las presuntas irregularidades cometidas en dependencias oficiales durante el proceso original. Durante el debate oral, la defensa técnica del imputado solicitó investigar los abusos policiales ocurridos dentro de la comisaría tras la agresión inicial a Leiva, una sospecha recurrente que el Gobierno provincial elude auditar para no confrontar con las cúpulas de la fuerza de seguridad.
La detención de la familia Leiva visibiliza el clima de descomposición que rodea a la Justicia de Catamarca. Con sentencias absolutorias que desatan venganzas callejeras, domicilios atacados por falta de presencia preventiva y expedientes que suman nuevos detenidos sin resolver el conflicto de fondo, la sociedad civil exige al Poder Ejecutivo garantías de seguridad efectivas y una profunda reforma en el abordaje integral de los conflictos barriales.
