Una gravísima denuncia gremial expuso el deterioro que amenaza a las rutas en Catamarca. El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) alertó que el Poder Ejecutivo mantiene inmovilizado más de un billón de pesos recaudados para infraestructura vial mediante el sistema SISVIAL, utilizándolos en colocaciones financieras para sostener metas fiscales mientras la red carretera acumula pozos, banquinas deterioradas y falta de obras estructurales.
De acuerdo con la documentación oficial relevada por la organización gremial, entre 2024 y mayo de 2026 se recaudaron 1.503.252 millones de pesos destinados por ley a la conservación caminera. Sin embargo, apenas se ejecutaron 394.406 millones de pesos en trabajos efectivos sobre la calzada, provocando una paralización generalizada de los contratos de repavimentación y señalización en los corredores más transitados del interior del país.
La entidad sindical denunció que esta retención de partidas apunta a justificar un plan privatizador para concesionar más de 9.000 kilómetros e instalar peajes en 26 tramos nacionales. Esta política incluye la adhesión provincial al Decreto 253/2026, una maniobra que delega responsabilidades a los distritos mientras se aplica un plan de retiros voluntarios que desmantela el personal operativo y la capacidad técnica estatal.
El nuevo esquema de peajes amenaza con aislar a pequeños productores, pueblos originarios y economías regionales de los valles andinos. Al fijar parámetros exclusivos de rentabilidad financiera, las arterias con menor caudal de tránsito diario quedarán desprovistas de mantenimiento regular, profundizando el aislamiento geográfico que padecen las localidades alejadas de los principales centros urbanos provinciales.
Concesiones privadas y fuertes cuestionamientos a Raúl Jalil
La convalidación provincial de este esquema de ajuste vial reactivó los cuestionamientos dirigidos hacia Raúl Jalil. Diversos sectores productivos y transportistas fustigan que el Gobierno provincial avale la transferencia de corredores nacionales sin exigir que los fondos retenidos del SISVIAL bajen de inmediato al territorio, asumiendo compromisos financieros que luego el presupuesto de la provincia no puede sostener para el arreglo de calzadas.
A esta pasividad se añade la contradicción entre el promocionado desarrollo del litio y el abandono evidente en arterias estratégicas como las rutas 38 y 60. Dirigentes pymes denuncian que mientras los camiones pesados de las mineras desgastan el asfalto a diario, los automovilistas locales quedan expuestos a calzadas rotas, radares no autorizados en La Merced y tramos oscuros sin guardarraíles adecuados.
La inmovilización de fondos millonarios compromete la transitabilidad y seguridad sobre las rutas en Catamarca. Con más de un billón de pesos fuera del asfalto y cuadrillas operativas vaciadas por el ajuste, la comunidad y los sectores de la producción reclaman frenar las concesiones que imponen peajes injustificados y volcar el dinero recaudado a la reparación urgente de la red vial.
