Un procedimiento punitivo en el este capitalino volvió a encender la discusión pública en torno a la basura en Catamarca. Personal de la Policía Ambiental labró un acta de infracción contra un residente del barrio San Lorenzo, en el sector de La Chacarita, tras ser sorprendido arrojando desechos de manera ilegal en la vía pública durante una patrulla preventiva, girando las actuaciones al Juzgado de Faltas Municipal para la aplicación de la sanción económica.
El organismo comunal fundamentó el operativo en la necesidad de resguardar las condiciones de salubridad barrial, recordando a la población que debe respetar los horarios oficiales de recolección y canalizar denuncias a través del 147 o la aplicación móvil. Pese a que las autoridades anunciaron una continuidad de controles rigurosos, los frentistas advierten que la política ambiental oficial se agota en penalizaciones aisladas hacia particulares, mientras los focos clandestinos se reproducen en descampados y esquinas.
La situación del barrio San Lorenzo no constituye un episodio excepcional en la Capital provincial. Denuncias vecinales similares se acumulan a diario en barriadas populosas como Eva Perón, Mi Jardín, General Paz y San Ramón, donde la proliferación de microbasurales, malezas y roedores genera riesgos sanitarios inminentes para los habitantes, quienes reclaman una intervención estatal continua que erradique los depósitos informales.
A este escenario se suma la deficiente gestión del equipamiento urbano existente en las calles. Vecinos de la zona sur y del microcentro denuncian el colapso sistemático de los contenedores comunitarios y la acumulación de ramas u hojas tras el paso del personal de barrido, desmintiendo el discurso de eficiencia en la recolección diurna que promocionan los organismos de control ambiental.
Falta de saneamiento y fundados cuestionamientos a Raúl Jalil
La persistencia de basurales a cielo abierto reactivó los cuestionamientos dirigidos hacia Raúl Jalil. Diversas organizaciones comunitarias fustigan la ausencia de una política integral de saneamiento articulada entre la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia y los municipios del Valle Central, dejando en manos de inspectores locales una problemática estructural que requiere inversión financiera en plantas de tratamiento y logística adecuada de disposición final.
A este déficit de infraestructura se añade la contradicción entre las multas aplicadas a los vecinos y el abandono oficial de predios fiscales provinciales. Referentes barriales denuncian que numerosos terrenos desocupados pertenecientes al Estado permanecen repletos de escombros sin ningún tipo de cerramiento perimetral, convirtiéndose en focos infecciosos que las cuadrillas de limpieza gubernamentales evitan sanear de manera sistemática.
La sanción labrada en La Chacarita refleja el agotamiento del esquema sancionatorio frente a la proliferación de basura en Catamarca. Con barriadas rodeadas de alimañas, canales de denuncia saturados y organismos oficiales desbordados por los residuos urbanos, la comunidad exige al Poder Ejecutivo provincial un plan de infraestructura y reciclaje integral que trascienda la lógica recaudadora y resuelva la emergencia ambiental en los barrios.
