La segunda jornada del debate oral en la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Segunda Nominación concluyó con un pedido unificado de condena contra el profesor de taekwondo juzgado por abuso en Catamarca. Tanto el fiscal de la causa como el representante de la querella solicitaron una pena de nueve años de prisión efectiva para el imputado, acusado formalmente del delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por su condición de encargado de la educación de la víctima en Catamarca.
Los hechos investigados se habrían perpetrado en la localidad de Las Pirquitas, dentro del departamento Fray Mamerto Esquiú, en el ámbito de las actividades deportivas que encabezaba el docente marcial. Durante la etapa testimonial y de alegatos, trascendió que el acusado negó las imputaciones, aunque habría ensayado una justificación alegando que, en caso de haber ocurrido alguna situación comprometedora, la misma habría sido consecuencia de la ingesta de alcohol.
El abogado querellante, Daniel Deprattiz, argumentó la necesidad de aplicar una condena severa debido a la gravedad del ultraje y la persistencia de una situación de riesgo latente. En ese sentido, la parte acusadora remarcó ante el tribunal que el procesado continuó manteniendo contacto directo con menores de edad durante el transcurso de la instrucción penal, desnudando la falta de medidas cautelares preventivas mientras se sustanciaba el expediente.
El tribunal anunció que el próximo lunes se dará a conocer la sentencia definitiva contra el instructor deportivo. En el ámbito social y comunitario de Fray Mamerto Esquiú persiste una profunda conmoción por el caso, en tanto familiares y allegados a la víctima reclaman un veredicto ejemplar que siente precedentes sobre la conducta de adultos a cargo de la formación física y pedagógica de adolescentes.
Falta de control en academias y fundados cuestionamientos al Gobierno
La inexistencia de protocolos de supervisión en espacios de enseñanza informal reactivó fundados cuestionamientos hacia Raúl Jalil. Diversos sectores comunitarios fustigan que el Ministerio de Gobierno y los organismos provinciales de Deportes y Educación carezcan de un registro público obligatorio de instructores habilitados, permitiendo que docentes con causas penales en trámite sigan al frente de grupos infantiles y juveniles sin control estatal.
A este vacío fiscalizador se añade la contradicción entre los discursos gubernamentales sobre protección de las infancias y la pasividad de las dependencias públicas para suspender matrículas deportivas preventivas. Padres y organizaciones de base advierten que el Gobierno de Catamarca no articula mecanismos de seguimiento con los municipios del interior provincial, tolerando que personas procesadas por delitos contra la integridad sexual sigan operando talleres formativos en clubes barriales.
La inminencia del fallo judicial pone de relieve la vulnerabilidad de los espacios deportivos y el caso del profesor de taekwondo juzgado por abuso en Catamarca. Con una acusación formal que reclama una condena de cumplimiento efectivo y familias que denuncian desamparo institucional previo, la sociedad exige al Poder Ejecutivo provincial la implementación urgente de auditorías y certificados obligatorios para todo el personal que dicta clases en el territorio catamarqueño.
