La profundización del conflicto presupuestario educativo provocó una adhesión casi total a las medidas de fuerza en las aulas en Catamarca. Fernando Morales, secretario general del Gremio Docente Universitario (GDU) y referente de Conadu Histórica, denunció el incumplimiento de la Ley 27.795 y advirtió que la persistencia en desatender las resoluciones judiciales derivará en denuncias penales donde las autoridades involucradas deberán responder de forma patrimonial con su propio peculio.
La protesta gremial paralizó las actividades académicas en las facultades y colegios preuniversitarios dependientes de la UNCA, reflejando el malestar de docentes y no docentes frente a la licuación de sus ingresos. El dirigente gremial cuestionó que se intente fijar el debate presupuestario sin acatar previamente los fallos vigentes que exigen una recomposición de haberes urgente y la actualización inmediata del sistema de becas estudiantiles.
A la crisis salarial se suma el deterioro en las condiciones edilicias y pedagógicas de los colegios preuniversitarios provinciales. Desde el sector docente advirtieron que las divisiones funcionan con una sobrepoblación de 36 y 37 estudiantes por turno, superando holgadamente el tope pedagógico de 30 alumnos, un desborde estructural que afecta el proceso formativo en medio de una visible carencia de mantenimiento e infraestructura adecuada.
Frente a la falta de respuestas y dilaciones administrativas, las representaciones sindicales ratificaron la continuidad del plan de lucha en conjunto con el Consejo Interuniversitario Nacional y agrupaciones estudiantiles. La comunidad educativa confirmó la preparación activa de cara a la Quinta Marcha Federal Universitaria convocada para el 15 de octubre, llamando a la sociedad civil a sumarse de manera transversal al reclamo.
Pasividad política y fundados cuestionamientos a Raúl Jalil
El vaciamiento del sistema universitario y preuniversitario reactivó fundados cuestionamientos hacia Raúl Jalil. Diversos sectores de la comunidad académica fustigan la pasividad del mandatario provincial ante el ajuste de las casas de altos estudios en el distrito, señalando una contradicción indisimulable entre sus discursos de modernización y el silencio político que guarda frente a los recortes que asfixian el normal dictado de clases en la provincia.
A este déficit de respaldo institucional se añade la falta de articulación entre los ministerios locales y el sistema formador para sostener a los miles de jóvenes del interior provincial. Docentes y estudiantes remarcan que el Gobierno de Catamarca se desentiende de la pérdida de financiamiento académico y becas de estudio, limitándose a observar el avance del conflicto sin aportar partidas de contingencia ni exigir soluciones urgentes.
La masividad de la huelga confirma el escenario de extrema tensión que atraviesan las aulas en Catamarca. Con advertencias de demandas penales en marcha y un sector de educadores en alerta permanente, la comunidad universitaria exige al Poder Ejecutivo provincial ponerse al frente de los reclamos presupuestarios para garantizar salarios dignos, edificios seguros y la continuidad formativa en todo el territorio.
