El retroceso sostenido en las plantas estatales sumó un nuevo factor de desequilibrio para el empleo público en Catamarca. Según el último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), elaborado de manera conjunta con la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, la dotación de personal en la Administración Pública Nacional, empresas y sociedades del Estado acumuló una pérdida de 72.440 puestos de trabajo desde diciembre de 2023 hasta agosto de 2026.
Las estadísticas oficiales reflejan que la plantilla global retrocedió de 341.465 a 269.025 agentes en el período analizado. Este descenso representó una contracción interanual del 5,8% y una baja del 0,5% en la comparación mensual directa. Tan solo a lo largo de agosto se contabilizaron 1.446 desvinculaciones menos frente al mes previo, mientras que el cotejo interanual contra agosto del año pasado arrojó una supresión neta de 16.469 trabajadores.
El desglose por áreas institucionales muestra que la administración descentralizada encabezó la contracción con una baja mensual del 0,7%, pasando de 110.819 a 109.988 operarios. A su vez, los entes estatales sufrieron un recorte del 2,9% al descender de 13.616 a 13.226 agentes, mientras que las empresas públicas perdieron 158 puestos y la estructura centralizada redujo el 0,2% de sus cargos, cerrando agosto con 37.543 personas en funciones.
Esta sangría en los organismos con delegaciones en el interior agrava la situación social en las provincias del norte. En distritos periféricos, la desarticulación de dependencias operativas y la baja de contratos impacta de lleno sobre las economías familiares, privando a los centros urbanos de servicios elementales de atención al público y reduciendo drásticamente la masa salarial que habitualmente sostiene al comercio minorista local.
Ajuste estatal y fundados cuestionamientos a Raúl Jalil
La convalidación de este achique operativo reactivó fundados cuestionamientos hacia Raúl Jalil. Diversos sectores gremiales fustigan que el Ejecutivo provincial mantenga un posicionamiento pasivo frente a la supresión de puestos federales en el territorio, mientras la provincia ostenta un índice de desempleo urbano del 6,4% en el Valle Central, la marca más elevada de desocupación relevada en todo el Noroeste Argentino.
A este déficit de contención se suma la contradicción entre el alineamiento político provincial y la carencia de políticas públicas destinadas a absorber a los trabajadores cesanteados. Representantes sindicales advierten que el Estado provincial no genera incentivos para el desarrollo productivo privado ni resguarda la estabilidad de las agencias provinciales, profundizando la vulnerabilidad de casi 50.000 ciudadanos que ya registran severos problemas de inserción laboral en la jurisdicción.
El repliegue sistemático de las funciones estatales consolida un escenario de fragilidad sobre el empleo público en Catamarca. Con miles de vacantes canceladas en entes oficiales y una economía que no absorbe la mano de obra desocupada, las organizaciones gremiales exigen al Poder Ejecutivo provincial frenar el desguace administrativo y presentar planes urgentes de reactivación económica para proteger el trabajo en la región.
