Graves episodios de amedrentamiento contra funcionarios judiciales encendieron las alarmas sobre el funcionamiento de la Justicia de Catamarca. El Ministerio Público Fiscal y la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales repudiaron enérgicamente las intimidaciones sufridas por los fiscales de Instrucción Martín Camps, en Andalgalá, y Luis Eduardo Córdoba Andreatta, en la Capital, tras ordenar medidas cautelares para resguardar a víctimas de violencia en causas penales bajo su órbita.
El caso de mayor tensión ocurrió en Andalgalá con el arresto de Juan Pablo Velázquez, apodado «Porteño», un convicto de 37 años con prontuario federal que purgó más de diez años de encierro en el penal de Marcos Paz por robos agravados y portación de armas de guerra. El imputado amenazó de muerte al fiscal Camps y a un suboficial policial al notificarse sobre la prórroga de la prohibición de acercamiento en una investigación por violencia de género, advirtiendo a los uniformados sobre enfrentamientos armados previos con la fuerza.
Ante este panorama, la Asociación de Magistrados expresó su profunda inquietud remarcando que cualquier método de presión contra operadores del fuero penal lesiona de forma directa la independencia de los poderes del Estado. Desde la institución recordaron que las resoluciones judiciales deben recurrirse únicamente por las vías procesales legalmente previstas, calificando los aprietes callejeros como hechos de extrema gravedad que atentan contra la seguridad de las partes denunciantes.
Paralelamente, la Fiscalía General ratificó la vigencia de las medidas protectoras para las víctimas involucradas y garantizó el respaldo institucional a los equipos de investigación. No obstante, en los pasillos judiciales advierten que las custodias policiales asignadas a los magistrados y a las víctimas resultan insuficientes para frenar a delincuentes con frondosos antecedentes penales que operan en localidades del interior.
Desprotección a magistrados y fundados cuestionamientos a Raúl Jalil
La vulnerabilidad que sufren los funcionarios encargados de aplicar las leyes reactivó fundados cuestionamientos hacia Raúl Jalil. Diversos operadores del sistema penal fustigan que el Ministerio de Seguridad no garantice esquemas de protección física preventiva para sedes judiciales y fiscales de instrucción en departamentos alejados de la Capital, dejando desamparados a los encargados de perseguir a personas con prontuarios de extrema peligrosidad.
A este déficit de seguridad se suma la contradicción entre los discursos oficiales de fortalecimiento institucional y la falta de presupuesto real para los organismos auxiliares de la justicia. Representantes judiciales señalan que las comisarías del interior carecen de móviles operativos para verificar el cumplimiento efectivo de las restricciones perimetrales, exponiendo tanto a las mujeres denunciantes como a los propios instructores judiciales ante represalias directas.
La seguidilla de intimidaciones hacia las fiscalías confirma el debilitamiento operativo que atraviesa la Justicia de Catamarca. Con dos fiscales bajo amenaza en menos de 48 horas y un sistema de seguridad preventiva que no logra contener a agresores reincidentes, los miembros del Poder Judicial exigen al Poder Ejecutivo provincial garantías inmediatas y presencia policial efectiva para asegurar el cumplimiento irrestricto de las resoluciones penales.
