El avance de proyectos mineros en salares y valles serranos reavivó una profunda controversia comunitaria en torno al impacto ambiental que genera la extracción de litio en Catamarca. Pobladores rurales, puesteros y asambleas socioambientales denuncian que la evaporación industrial de salmueras y la utilización continua de agua dulce para procesos metalíferos amenazan el equilibrio de cuencas hídricas hiperáridas, comprometiendo la disponibilidad del recurso en Catamarca.
El eje central del conflicto radica en el régimen hidrológico de los salares de altura, ecosistemas frágiles donde el agua subterránea tardó miles de años en acumularse. Productores agropecuarios advierten que el bombeo constante de salmuera provoca un descenso progresivo en las napas superficiales, lo que termina secando vegas, ciénagas y vertientes naturales de las que dependen huertas familiares y el pastoreo tradicional.
A esta presión hídrica se suma la fragmentación social en los parajes rurales cercanos a los yacimientos. Vecinos señalan que la llegada masiva de empresas contratistas y la oferta selectiva de puestos de trabajo temporarios genera divisiones internas en comunidades históricamente unificadas, al tiempo que encarece los alquileres y satura los escasos centros sanitarios y rutas que asisten al interior provincial.
La falta de información pública oportuna agravó el descontento en el este y oeste provincial. Tras la presentación formal de medio centenar de notas de impugnación comunitaria contra reuniones técnicas vinculadas a la exploración en la Sierra de Ancasti y El Alto, los residentes cuestionaron que los organismos oficiales pretendan habilitar etapas de perforación sin exhibir balances de impacto acumulativo ni auditorías ambientales previas.
Presión sobre las cuencas y fundados cuestionamientos a Raúl Jalil
La marcada permisividad hacia las concesiones extractivas reactivó fundados cuestionamientos hacia Raúl Jalil. Diversos sectores comunitarios fustigan que el mandatario viaje al exterior para promocionar acuerdos comerciales mientras las poblaciones del interior carecen de redes de agua potable confiable y tendido eléctrico seguro, priorizando el ingreso fiscal de corto plazo por sobre la protección del patrimonio natural provincial.
A este déficit de fiscalización se añade la contradicción entre el discurso de transición ecológica y la ausencia de laboratorios provinciales capacitados para monitorear en tiempo real la toxicidad de las cuencas. Asambleístas y vecinos remarcan que el Gobierno provincial convalida declaraciones juradas corporativas sin controles en campo rigurosos, omitiendo analizar si las reservas acuíferas podrán sostener simultáneamente el consumo humano y la demanda industrial.
La resistencia social ratifica la inviabilidad de sostener proyectos sin un estricto resguardo territorial durante la extracción de litio en Catamarca. Con comunidades rurales movilizadas para evitar el secado de sus vertientes y asambleas que reclaman instancias de consulta previa informada, la ciudadanía exige al Poder Ejecutivo provincial auditorías ambientales independientes que garanticen la preservación del agua y la supervivencia de los pueblos.
