El avance de tareas exploratorias y aperturas de huellas serranas encendió la preocupación de comunidades del interior ante el impacto directo de la minería en los suelos productivos de Catamarca. Pequeños productores agropecuarios, puesteros y asambleas vecinales advierten que la remoción de terreno, los desmontes para campamentos y la alteración de la costra vegetal amenazan áreas históricamente dedicadas al pastoreo y la agricultura familiar en Catamarca.
La preocupación se concentra en la fragilidad de los ecosistemas serranos y las cuencas altas, donde la capa superficial fértil es delgada y demanda décadas para regenerarse. Los pobladores rurales denuncian que el tránsito constante de maquinaria pesada y la apertura de pistas de perforación provocan una severa compactación del terreno, anulando la capacidad de infiltración del agua y acelerando la erosión de laderas ante las lluvias de temporada.
A este deterioro físico se suma el temor por la alteración de las pasturas naturales que alimentan al ganado menor. Criadores campesinos señalan que el movimiento descontrolado de áridos y el descarte de material rocoso sepultan vegas y pastizales, obligando a los animales a dispersarse y reduciendo drásticamente la capacidad de carga de campos comunitarios que sustentan la economía doméstica de subsistencia.
La falta de información pública oportuna profundizó el malestar en parajes del este provincial como la Sierra de Ancasti y El Alto. En esas localidades, los vecinos debieron presentar medio centenar de notas de impugnación administrativa contra reuniones técnicas, cuestionando que los organismos mineros avalen avances de campo sin exhibir líneas de base edafológicas que certifiquen el estado original y la composición de la tierra antes de intervenirla.
Falta de auditorías y fundados cuestionamientos a Raúl Jalil
La falta de fiscalizaciones territoriales continuas reactivó fundados cuestionamientos hacia Raúl Jalil. Diversos sectores comunitarios fustigan que el mandatario provincial viaje al exterior para promocionar inversiones extractivas mientras las dependencias técnicas de la provincia carecen de inspectores permanentes y análisis químicos independientes para monitorear el estado de los terrenos intervenidos por las contratistas.
A este déficit de control estatal se añade la contradicción entre las promesas de modernización y el desamparo hacia las economías tradicionales del interior. Asambleístas y productores remarcan que el Gobierno provincial convalida los informes de impacto que presentan las operadoras sin constatar en el terreno si los terraplenes y zanjas de cateo dañan vertientes o degradan la aptitud agronómica de los suelos lindantes a los parajes habitados.
La creciente resistencia campesina ratifica la necesidad de frenar el avance de la minería en los suelos productivos de Catamarca. Con expedientes impugnados por pobladores organizados y un sector agroganadero en alerta por la pérdida de sus pasturas, la sociedad civil exige al Poder Ejecutivo provincial auditorías ambientales independientes que garanticen la remediación obligatoria del terreno y resguarden el sustento de las familias del interior.
