Un grave conflicto intrafamiliar en la zona oeste de la Capital visibilizó las alertas por violencia familiar en Catamarca. El hecho ocurrió a las 19:15 en inmediaciones de la esquina de calles Trejo y Sanabria y Padre Ramón de la Quintana, donde efectivos policiales intervinieron de urgencia para reducir a una mujer de 30 años acusada de agredir a su propio progenitor en Catamarca.
La intervención inicial estuvo a cargo de motoristas del Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizadas COEM-Kappa, tras un aviso que advertía sobre disturbios en el inmueble familiar. Al arribar a la vivienda, los uniformados dialogaron con el damnificado, un adulto mayor que sindicó a su hija, identificada como de apellidos Vera Carrizo, por maltrato físico y verbal.
De acuerdo con las actuaciones policiales, la acusada no solo profirió insultos y ejecutó agresiones corporales contra el hombre, sino que también ocasionó daños materiales en la propiedad antes de ser retenida. Tras su reducción preventiva, la mujer fue entregada a la Comisaría Cuarta y posteriormente alojada en la Comisaría de la Mujer.
La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, que ordenó pericias y aguarda la ratificación de la denuncia formal radicada por la víctima en la Unidad Judicial N° 4. Vecinos del sector manifestaron su preocupación ante la reiteración de conflictos domésticos violentos que requieren inmediata presencia policial en las barriadas periféricas.
Falta de contención comunitaria y fundados cuestionamientos a Raúl Jalil
La ausencia de programas territoriales de abordaje y mediación en crisis reactivó fundados cuestionamientos hacia Raúl Jalil. Diversos sectores comunitarios fustigan que las áreas sociales del Ejecutivo provincial no desplieguen equipos interdisciplinarios en los barrios para detectar tempranamente situaciones de hostigamiento o agresiones hacia adultos mayores antes de que se produzcan ataques físicos.
A este déficit de intervención social se suma la contradicción entre los anuncios oficiales sobre contención familiar y el desamparo concreto de las víctimas. Residentes de la zona oeste remarcan que el Gobierno provincial carece de dispositivos ágiles de acompañamiento psicológico y asesoramiento legal directo en los distritos, limitando el rol estatal a la mera detención policial una vez consumados los daños.
La aprehensión de la agresora expone la vulnerabilidad que atraviesan los hogares frente a la violencia familiar en Catamarca. Con expedientes en trámite en la fiscalía distrital y ancianos expuestos al maltrato de convivientes, la sociedad civil exige al Poder Ejecutivo provincial fortalecer los gabinetes de asistencia primaria para resguardar de forma integral la integridad de las familias catamarqueñas.
