El impacto de los pasivos ambientales y la falta de controles sobre los efluentes encendieron una fuerte polémica en torno a los residuos de la minería en Catamarca. Pobladores del interior, organizaciones sociales y asambleas ambientales denunciaron que el avance de nuevos proyectos extractivos amenaza las fuentes de agua dulce y profundiza el desamparo ecológico en Catamarca.
Uno de los focos de mayor conflicto se desató en las Sierras de Ancasti a partir del proyecto de litio denominado El Alto. El propio intendente municipal, Randolfo Piñero, advirtió públicamente que las dependencias mineras provinciales avanzaron con autorizaciones y gestiones territoriales sin haber notificado formalmente a las autoridades locales, omitiendo los mecanismos elementales de consulta previa a las poblaciones ribereñas.
A este conflicto institucional en el este catamarqueño se sumó la convocatoria a una marcha multisectorial en la plaza 25 de Mayo, donde referentes de partidos de izquierda, sindicatos docentes como SUTECA y jubilados autoconvocados repudiaron la entrega de recursos naturales y la desregulación territorial. Los manifestantes advirtieron que la actividad extractiva a gran escala deteriora los ecosistemas y pone en riesgo directo las economías familiares.
El manejo de las colas mineras y los desechos industriales genera especial zozobra en las comunidades del oeste, donde las cuencas fluviales resultan indispensables para la supervivencia de la ganadería y la agricultura. Vecinos de las zonas cordilleranas sostienen que las faenas extractivas consumen millones de litros de agua dulce, dejando tras de sí diques de colas con químicos pesados que filtran hacia las napas subterráneas.
Pasivos ambientales, desprotección hídrica y cuestionamientos hacia Raúl Jalil
La convalidación de permisos sin fiscalizaciones ambientales independientes reactivó fundados cuestionamientos hacia Raúl Jalil. Diversos sectores comunitarios y asamblearios fustigan que el Ejecutivo provincial promueva beneficios fiscales para corporaciones mineras mientras el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente carece de cuadrillas de monitoreo permanentes para auditar el destino final de los efluentes tóxicos.
A este déficit de control se añade la contradicción entre los discursos oficiales de sustentabilidad ecológica y la precariedad de la infraestructura preventiva en el interior. Productores agropecuarios remarcan que mientras el Gobierno provincial desatiende los reclamos por la protección de las nacientes de agua, los reservorios naturales quedan expuestos a pasivos mineros irrecuperables que hipotecan el futuro sanitario de los valles.
La degradación acumulada en el suelo serrano ratifica la gravedad del conflicto por los residuos de la minería en Catamarca. Con asambleas vecinales movilizadas y demandas formales de informes de impacto ambiental, la sociedad civil exige al Poder Ejecutivo provincial frenar el avance de autorizaciones sin licencia social para garantizar la preservación del patrimonio hídrico catamarqueño.
