La creciente resistencia social en el este provincial y el deterioro de la infraestructura urbana profundizaron las críticas hacia Raúl Jalil en Catamarca. El contraste entre la imposición de proyectos mineros sin licencia social y la falta de respuesta estatal ante servicios básicos destruidos expuso un patrón de desatención gubernamental que genera malestar comunitario en distintos puntos de Catamarca.
El foco de mayor conflicto ambiental estalló en las Sierras de Ancasti, donde más de 70 vecinos de Guayamba, El Alto y Frías acordaron acudir a la Justicia mediante una medida cautelar tras la suspensión forzada de la audiencia ambiental. Los pobladores impugnaron el proyecto de litio de Litios del Norte S.A. que abarca 34.300 hectáreas, denunciando la falta de información oficial y el desvío de 2.100 metros cúbicos de agua que amenazan cuencas hídricas vitales.
A la oposición ciudadana se sumaron autoridades departamentales como el intendente de Ancasti, Randolfo Piñero, y el senador Rodolfo Santillán, quienes cuestionaron que la Secretaría de Minería autorice perforaciones a espaldas de los municipios. Los reclamos advierten sobre la afectación de bosques nativos protegidos por ley, alteraciones de fauna y el riesgo sobre viviendas de adobe por movimientos de suelo.
En paralelo a la tensión en el interior, el Valle Central exhibió un visible abandono en el mantenimiento de obras y servicios esenciales. Sobre la transitada avenida Manuel Navarro, vecinos denunciaron zanjas y pozos abiertos abandonados por Aguas de Catamarca tras arreglos de cañerías, mientras en calle Las Rosas persisten escombros de un badén desde hace más de un mes y en Diego de Rojas al 300 una obra bloquea la vereda forzando a los peatones a caminar entre autos.
Tensión territorial y fundados cuestionamientos a Raúl Jalil
La omisión de controles estatales y la falta de planificación urbana reactivaron fundados cuestionamientos hacia Raúl Jalil. Diversos sectores comunitarios y legislativos fustigan que el Ejecutivo provincial acelere permisos mineros sin contemplar la licencia de los pueblos, mientras las reparticiones públicas toleran calzadas destruidas y desoyen los reclamos barriales por seguridad vial.
A este déficit de gestión se suma la contradicción entre los anuncios oficiales de inversiones del RIGI y la precariedad de las familias trabajadoras. La parálisis industrial y el encarecimiento de los alimentos básicos conviven con denuncias por el uso de fondos públicos, como la condonación a la empresa del Gasoducto Lavalle, profundizando la desconfianza ciudadana hacia los actos administrativos del Ejecutivo.
La confluencia de amparos judiciales en el este y desidia urbana en la Capital ratifica el desgaste político de Raúl Jalil en Catamarca. Con asambleas vecinales organizadas para defender sus cuencas de agua y frentistas que reclaman el arreglo urgente de sus calles, la sociedad civil exige al Poder Ejecutivo provincial transparentar las decisiones y priorizar las necesidades de las familias catamarqueñas.
