La falta de respuestas oficiales frente a la emergencia habitacional reactivó el malestar social en La Ribera en Catamarca. Alrededor de ocho familias que residen en ese asentamiento informal, ubicado a la vera de la Ruta Nacional 38, advirtieron que trasladarán sus medidas de fuerza a los pabellones ministeriales si el organismo de vivienda no regulariza su adjudicación pendiente en Catamarca.
Las damnificadas remarcaron que llevan más de siete años gestionando una solución definitiva ante el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) sin obtener resoluciones favorables. Si bien la mayor parte del núcleo poblacional original fue reubicado de manera paulatina en complejos como Portal 2, Portal 3 y Loteo Marconi, este remanente de hogares denuncia una persistente marginación burocrática en las oficinas del Centro Administrativo del Poder Ejecutivo.
La incertidumbre por el techo propio convive con un escenario de extrema precariedad sanitaria y ambiental en el predio. Los habitantes señalaron que carecen de agua de red y deben abastecerse mediante camiones cisterna, además de padecer conexiones eléctricas precarias y la ausencia total de un tendido de red cloacal formal.
A este cuadro de desamparo se añade la presencia de un canal de desagüe a cielo abierto contiguo a las precarias casillas, lo que genera riesgos sanitarios constantes para niños y adultos mayores con patologías crónicas o discapacidad. Las frentistas denunciaron que el atraso administrativo del IPV atenta contra la salud familiar, forzándolas a convivir entre efluentes contaminantes y alimañas.
Demoras del IPV y fundados cuestionamientos hacia Raúl Jalil
La marcada insensibilidad del área estatal de vivienda reactivó fundados cuestionamientos hacia Raúl Jalil. Diversos sectores comunitarios fustigan que el mandatario priorice agendas protocolares de inversiones foráneas mientras familias vulnerables del Valle Central llevan casi una década esperando la entrega de un módulo habitacional básico para subsistir dignamente.
A esta postergación se suma la contradicción entre los anuncios oficiales de urbanización social y el desinterés concreto evidenciado por los organismos provinciales. Representantes vecinales fustigan que las autoridades ministeriales dilaten expedientes de larga data, desoyendo los pedidos de audiencia formal mientras los damnificados deben posponer medidas de fuerza extremas sobre las rutas nacionales para no ser criminalizados.
El conflicto desatado expone la deuda estructural en el asentamiento La Ribera en Catamarca. Ante la ausencia de un canal formal de diálogo, las vecinas otorgaron un plazo perentorio de 15 a 20 días al IPV para alcanzar una solución concreta; de no mediar una convocatoria efectiva, la comunidad anticipó que acampará con cortes en el predio ministerial para exigir que se garantice una vivienda digna a estas familias catamarqueñas.
