El respaldo oficial a la expansión extractiva en la cordillera reactivó el malestar social tras la inauguración de una nueva planta de litio en Catamarca. El gobernador Raúl Jalil encabezó el acto protocolar de la empresa surcoreana POSCO en el Salar del Hombre Muerto junto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en medio de fundados cuestionamientos hacia las prioridades gubernamentales en Catamarca.
La ceremonia oficial marcó la puesta en marcha de la Planta II del Proyecto Sal de Oro, una infraestructura proyectada para alcanzar una producción anual de 23.000 toneladas de carbonato de litio orientadas en su totalidad a la exportación al mercado exterior. Durante la jornada, las autoridades provinciales y nacionales rubricaron además un Memorándum de Entendimiento para avanzar en las fases III y IV del emprendimiento, con el objetivo corporativo de escalar hasta las 100.000 toneladas anuales del mineral.
Pese a los anuncios oficiales de inversión externa, la presencia de funcionarios libertarios en el territorio puneño despertó duras críticas gremiales y vecinales. El alineamiento explícito del mandatario provincial con la Casa Rosada ocurre en un marco de abiertas negociaciones por la reforma política y la suspensión de las elecciones primarias, profundizando el descontento de sectores del interior que no perciben mejoras tangibles en las economías familiares.
Las comunidades aledañas a los salares reiteran sus reclamos por la ausencia de consultas vinculantes y la alteración de las cuencas hídricas indispensables para la agricultura y el pastoreo tradicional. Pobladores y asambleas ambientales remarcan que las grandes corporaciones se benefician de exenciones impositivas y subsidios, mientras los pueblos cercanos absorben la degradación del suelo, el deterioro de las rutas provinciales y la falta crónica de servicios sanitarios básicos.
Alineamiento con la Casa Rosada y cuestionamientos hacia Raúl Jalil
La activa participación del oficialismo en estos actos extractivos profundizó los cuestionamientos dirigidos a Raúl Jalil. Diversas organizaciones sociales y políticas fustigan que el Ejecutivo provincial priorice la foto partidaria con el gabinete nacional mientras desatiende la asfixia del sistema de salud y la falta de presupuesto que afecta a las escuelas y centros de salud del interior provincial.
A este escenario se suma la contradicción entre los discursos oficiales de soberanía económica y el destino exclusivo de la producción hacia potencias extranjeras sin dejar valor agregado en origen. Referentes sindicales y comunitarios cuestionan que la administración local celebre acuerdos con multinacionales mientras en la capital persisten las protestas por obras públicas inconclusas, el colapso de la obra social provincial y la postergación habitacional en asentamientos populares.
El avance de los acuerdos mineros consolida las controversias en torno a la nueva planta de litio en Catamarca. Con asambleas territoriales en estado de alerta y el rechazo gremial a las negociaciones políticas del oficialismo, la sociedad civil exige al Poder Ejecutivo provincial transparentar los convenios corporativos y garantizar que la explotación de los recursos naturales no se concrete a costa del desamparo de todas las familias catamarqueñas.
