El avance de los proyectos extractivos en la Puna reactivó los cuestionamientos sobre el daño ambiental derivado de la minería en Catamarca. Las modificaciones directas en la estructura de la tierra por la excavación de salmueras y el acopio de escombros abrieron un intenso debate técnico sobre el impacto en los suelos y la preservación ecológica en Catamarca.
Las tareas operativas en los yacimientos salinos demandan la remoción de horizontes superficiales y la perforación masiva de cuencas endorreicas para alimentar las piletas de evaporación. Especialistas advierten que la alteración física del terreno desencadena procesos de salinización secundaria en áreas circundantes, erosionando las escasas vegas y pastizales que sustentan la fauna silvestre y las economías de subsistencia.
A la degradación morfológica se añade el riesgo de infiltración de fluidos residuales y reactivos industriales derivados del procesamiento del carbonato de litio. Comunidades rurales fustigan que los acopios de sales de descarte y el tránsito de transportes pesados compactan el suelo y esparcen polvo cargado de minerales, degradando parcelas que históricamente abastecían a pequeños productores agroganaderos.
La pérdida de estabilidad en los perfiles edáficos también acentúa los fenómenos de desertificación en la alta montaña. El desbroce de vegetación autóctona para abrir caminos y tender ductos elimina la cobertura natural que frena la erosión eólica, facilitando que los fuertes vientos cordilleranos dispersen sedimentos sobre valles fértiles y fuentes hídricas esenciales para el interior provincial.
Deterioro ambiental y fundados cuestionamientos hacia Raúl Jalil
La ausencia de remediación efectiva en las zonas de extracción reactivó fundados cuestionamientos hacia Raúl Jalil. Diversos sectores comunitarios fustigan que el Ministerio de Minería y los organismos de control ambiental flexibilicen las autorizaciones de impacto edáfico sin exigir a las operadoras multinacionales planes de cierre de mina rigurosos que contemplen la restitución biológica de los terrenos afectados.
A esta falta de fiscalización estatal se suma la contradicción entre los anuncios de transición ecológica y la degradación acumulada en las cuencas del oeste provincial. Habitantes del departamento Antofagasta de la Sierra denuncian que las inspecciones oficiales son escasas y carecen de muestreos de toxicidad en tierras, relegando la salud de los ecosistemas ante el apremio por sostener los niveles de exportación del mineral.
El impacto sobre el suelo expone las consecuencias estructurales que acarrea la minería en Catamarca. Con asambleas socioambientales movilizadas en defensa del territorio y advertencias por la esterilización de las cuencas cordilleranas, los pobladores del interior exigen al Poder Ejecutivo provincial auditorías transparentes y la paralización de obras que dañen de forma irreparable el hábitat de todas las familias catamarqueñas.
