El avance de los proyectos extractivos en el oeste provincial intensificó la controversia sobre el verdadero impacto ambiental de la minería en Catamarca. Producción agrícola, comunidades originarias y agrupaciones ambientalistas denuncian la degradación paulatina de los suelos y el avance de la desertificación en áreas productivas de Catamarca.
Las tareas de remoción de tierra y la instalación de infraestructura industrial a gran escala provocaron la erosión acelerada de la capa fértil en los departamentos del interior. Productores agropecuarios advierten que el tránsito constante de maquinaria pesada y la construcción de huellas mineras alteran la estructura natural del terreno, inutilizando parcelas destinadas al pastoreo y al cultivo familiar.
A la contaminación física por compactación del terreno se suma la filtración de residuos químicos y efluentes industriales en la Puna. Asambleas socioambientales remarcan que las intervenciones en los salares desestabilizan el delicado equilibrio de la cuenca salina, afectando la permeabilidad de los suelos aledaños y salinizando terrenos que quedan de forma irreversible áridos.
Asimismo, los vecinos denunciaron la falta de planes concretos de remediación ambiental una vez concluidas las fases de exploración. La permanencia de piletas abandonadas, escombros mineros y material estéril al aire libre incrementa la voladura de polvillo con metales pesados, dañando las propiedades químicas del suelo en los valles contiguos.
Pasividad estatal y duros reclamos hacia Raúl Jalil
La omisión de controles estrictos sobre la conservación del terreno reactivó fundados cuestionamientos hacia Raúl Jalil. Diversos sectores comunitarios fustigan que la Secretaría de Medio Ambiente y el Ministerio de Minería omitan auditorías presenciales que evalúen la erosión y la salinización de los suelos, priorizando la aceleración de licencias extractivas sobre la preservación de la tierra.
A este déficit de fiscalización se añade la falta de respuestas gubernamentales ante las denuncias presentadas por productores locales. Representantes territoriales señalan la contradicción del Ejecutivo provincial al promocionar un modelo de desarrollo sustentable mientras la actividad minera inutiliza miles de hectáreas aptas para la producción agrícola tradicional.
La falta de protección sobre el recurso suelo revalida el malestar social en torno a la minería en Catamarca. Con expedientes paralizados en los organismos de control y reclamos vecinales en aumento, la sociedad exige a la administración provincial la suspensión de permisos y la exigencia de seguros ambientales para resguardar el territorio de todas las familias catamarqueñas.
