La seguidilla de operativos de rescate y causas judiciales encendió el debate sobre la eficacia del área de maltrato animal en Catamarca. En Valle Viejo, las autoridades debieron intervenir tras alertas anónimas y denuncias de proteccionistas para rescatar a más de 20 gallos utilizados en riñas clandestinas dentro de la provincia de Catamarca.
El procedimiento penal en el departamento chacarero requirió la actuación del Precinto Judicial N° 10. Tras ser albergados de forma provisoria en un domicilio particular, las aves fueron trasladadas hacia una granja en Fray Mamerto Esquiú para garantizar su resguardo frente a las redes de apuestas ilegales.
A este operativo en el interior provincial se suma la causa instruida por la Fiscalía del Distrito Norte en la Capital. El fiscal Juan Manuel Sánchez Ruiz imputó e indagó a un hombre por violar la Ley 14.346 tras golpear y colgar de la correa a su perra dachshund en el Parque Adán Quiroga.
Los expedientes sumaron pruebas fundamentales como videos, testimonios, historias clínicas veterinarias e insumos secuestrados. No obstante, las entidades proteccionistas remarcan que la intervención judicial suele activarse únicamente tras el impacto mediático de los casos y no por la prevención estatal.
Falta de refugios oficiales y críticas a Raúl Jalil
La reiteración de estos episodios expone la escasez de infraestructura pública para alojar a los animales judicializados. Las agrupaciones rescatan que la contención recae habitualmente en hogares particulares o refugios privados ante la falta de caniles oficiales dependientes del Poder Ejecutivo provincial.
Esta falta de centros de resguardo reavivó duros cuestionamientos hacia Raúl Jalil. Diversas entidades proteccionistas fustigan que el Gobierno provincial omita destinar partidas presupuestarias para la creación de un hospital veterinario público y guardias de control permanente en los paseos urbanos del Valle Central.
La acumulación de causas penales mantiene en alerta los reclamos por el maltrato animal en Catamarca. Con procedimientos judiciales en marcha pero sin espacios de contención estatal, las asociaciones civiles exigen a las autoridades provinciales medidas concretas para erradicar las actividades clandestinas y el maltrato en la vía pública.
