El avance de los emprendimientos extractivos en los departamentos del oeste provincial reavivó una profunda preocupación comunitaria respecto al deterioro ambiental sostenido en la región. La degradación de las capas fértiles del suelo, la salinización de las cuencas hídricas y la dispersión constante de partículas en suspensión procedentes de los yacimientos provocaron severas alteraciones, alimentando duros cuestionamientos hacia la fiscalización de la minería en Catamarca.
En los complejos de extracción ubicados en Tinogasta y Andalgalá, la remoción masiva de estratos orgánicos y el uso intensivo de piletas de evaporación modificaron la estructura natural del terreno. Especialistas en edafología advirtieron que la infiltración de insumos químicos inutiliza hectáreas históricamente destinadas a la producción agropecuaria, amenazando el sustento económico de las familias rurales en Catamarca.
A la pérdida de la capacidad fértil se suma la degradación de la calidad del aire generada por el polvo alcalino que transporta el viento desde las zonas operativas. Productores agrícolas de los valles denunciaron que el depósito continuo de estos sedimentos sobre los cultivos reduce la cobertura vegetal autóctona, destruye las áreas de pastoreo y afecta los cauces de agua para consumo.
Este escenario de tensión ambiental se cruza con las protestas de los proveedores locales agrupados en la cámara CAPROMITI. Representantes del sector mantuvieron interrupciones en los accesos a las plantas para exigir participación en las contrataciones logísticas, denunciando que las corporaciones multinacionales marginan a las pymes provinciales.
Emanaciones contaminantes y severas críticas a la fiscalización oficial
Frente al evidente deterioro de los valles productivos y el malestar en los accesos mineros, diversas organizaciones territoriales intensificaron sus reclamos hacia los organismos del Poder Ejecutivo. Referentes comunitarios reprochan que el Ministerio de Minería omita realizar auditorías ambientales independientes y no exija planes estrictos de remediación a las empresas concesionarias.
Asimismo, legisladores opositores y dirigentes sociales fustigan que el Gobierno provincial acelere la concesión de permisos extractivos mientras ignora la pérdida de la sustentabilidad agrícola. Acusan a la administración de priorizar la recaudación fiscal a corto plazo por sobre la protección de la salud pública y el patrimonio natural de las poblaciones del interior.
La inutilización de los campos de cultivo y la ausencia de respuestas oficiales mantienen en constante conflicto el desarrollo de la minería en Catamarca. Con áreas productivas afectadas y una creciente tensión social, los pobladores exigen frenar la contaminación y aplicar sanciones ejemplificadoras a las compañías operadoras.
