El avance de la minería y los proyectos extractivos en los valles del oeste provincial reavivó una severa controversia territorial entre productores agropecuarios y el Poder Ejecutivo. La alteración de los estratos fértiles, la erosión de las cuencas agrícolas y los procesos de salinización en áreas de cultivo encendieron las alarmas comunitarias, colocando en el centro de los reclamos a la minería en Catamarca y señalando la responsabilidad directa del Gobierno provincial.
En los yacimientos de litio localizados en departamentos como Tinogasta y Andalgalá, la remoción masiva de tierra y la instalación de piletas de evaporación modificaron la estructura natural del terreno. Especialistas de la zona advirtieron que la filtración de sustancias salinas e insumos químicos invalida hectáreas históricamente destinadas a la producción agropecuaria en Catamarca.
A la degradación de la capa orgánica se suma el impacto constante del polvo alcalino que transporta el viento desde las áreas operativas hacia las propiedades colindantes. Agricultores del sector denunciaron que los sedimentos se depositan sobre la vegetación autóctona, reduciendo de manera drástica las áreas aptas para el pastoreo y la siembra.
Este conflicto ambiental se cruza con las medidas de fuerza que sostienen las cámaras de proveedores locales, entre ellas CAPROMITI. Empresarios de la región mantuvieron bloqueos en las rutas de acceso a los yacimientos para exigir una participación real en las contrataciones logísticas, denunciando que las compañías extranjeras marginan a las pymes provinciales.
Impacto edafológico y cuestionamientos a la gestión de Raúl Jalil
Frente a la pérdida de suelos fértiles y las crecientes protestas en los accesos mineros, diversas organizaciones territoriales intensificaron sus cuestionamientos hacia la gestión pública. Referentes comunitarios reprochan que el Ministerio de Minería no ejecute estudios de impacto edafológico independientes ni exija planes estrictos de remediación ambiental a las firmas mineras.
Asimismo, representantes del sector agropecuario fustigan que la administración de Raúl Jalil acelere el otorgamiento de concesiones extractivas mientras omite implementar controles efectivos sobre la degradación de las tierras productivas. Acusan a las autoridades de priorizar el flujo de ingresos fiscales a corto plazo por sobre la sustentabilidad de los valles productivos de la provincia.
La inutilización de los campos agrícolas y la falta de respuestas oficiales mantienen en estado de alta vulnerabilidad a la minería en Catamarca. Con áreas productivas dañadas y un creciente malestar social en las comunas del interior, los productores exigen al gobernador auditorías ambientales inmediatas y medidas concretas para frenar el colapso del suelo.
