La rápida expansión de los emprendimientos extractivos en la región puneña reavivó un intenso debate sobre la efectividad de las inspecciones ambientales. Organizaciones comunitarias, colegios profesionales y sectores de la oposición concentraron sus reclamos en la urgente necesidad de implementar un organismo autárquico que evalúe de forma imparcial los posibles impactos ecológicos derivados de la minería en Catamarca.
En la actualidad, las tareas de fiscalización en los yacimientos dependen del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente. Dirigentes locales señalan que la coincidencia entre la repartición encargada de promover las inversiones y la de sancionar las faltas genera un evidente conflicto de intereses que resta transparencia a los monitoreos en Catamarca.
Entre los puntos más polémicos se encuentra la medición del consumo hídrico en las salmueras. Diversos especialistas critican que las autoridades provinciales convaliden los volúmenes de agua utilizados basándose en las declaraciones juradas de las firmas multinacionales, en lugar de instalar un sistema público de telemetría que audite el recurso en tiempo real.
A este escenario se suma la falta de acceso público a las actas de inspección y los estudios de impacto ambiental. La dificultad de la población para disponer de información cuantitativa y actualizada sobre la calidad del agua y del suelo incrementa las dudas sobre el verdadero rigor técnico de las auditorías oficiales.
Falta de recursos para inspecciones e intensos reclamos por transparencia
Las deficiencias en el esquema de supervisión estatal reavivaron duros reproches hacia los organismos públicos provinciales. Fustigan que las partidas presupuestarias asignadas a las brigadas de control resulten insuficientes para trasladar personal especializado y equipamiento técnico a las zonas operativas ubicadas a más de 4.000 metros de altura.
Asimismo, representantes de comunidades originarias expresaron su malestar con los programas de monitoreo participativo actuales. Cuestionan que estas instancias de observación carezcan de poder vinculante y no permitan detener las etapas de exploración cuando los pobladores detectan alteraciones en las fuentes naturales de agua.
La ausencia de un ente fiscalizador independiente mantiene en alerta a la sociedad civil. Ante el avance de la actividad extractiva, la comunidad exige reformas normativas para garantizar auditorías externas y un seguimiento científico sobre la minería en Catamarca.
