La acelerada expansión de los frentes extractivos en los departamentos del interior reavivó una profunda preocupación entre productores agropecuarios, ingenieros agrónomos y comunidades originarias. Los especialistas alertan sobre la degradación edáfica y la pérdida irrecoverable de humedad en la capa fértil, exigiendo estudios de impacto ambiental integrales sobre el suelo antes de autorizar el avance de la minería en Catamarca.
La principal causa de controversia radica en la alteración del perfil natural del terreno producto de las remociones masivas y la compactación originada por la maquinaria de gran porte. Geólogos locales remarcan que estas intervenciones rompen los horizontes del suelo, acelerando procesos de erosión eólica severa en las regiones áridas de Catamarca.
A este impacto mecánico se suma el riesgo constante de salinización secundaria en las cuencas aledañas a los salares. La extracción intensiva de agua y la modificación de la dinámica hídrica subterránea resecan las vegas montañosas, destruyendo la cobertura vegetal que sostiene a la ganadería caprina y camélida de subsistencia.
Investigadores y técnicos ambientales advierten que la pérdida de la vegetación nativa deja el terreno desprotegido frente a las intensas ráfagas de viento de la Puna. Esta situación incrementa el arrastre de partículas y sedimentos finos, inutilizando hectáreas productivas destinadas históricamente al pastoreo tradicional.
Intensos reproches a los organismos de fiscalización
La acumulación de daños en la capa arable del territorio desató duras críticas hacia la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia. Fustigan que los inspectores estatales omitan realizar auditorías edáficas periódicas y acepten planes de cierre de mina que no contemplan la restitución de la capa orgánica ni la revegetación con especies autóctonas.
Asimismo, referentes del sector productivo fustigaron la falta de fondos de garantía obligatorios para la remediación de suelos contaminados o erosionados. Cuestionan que la administración central otorgue concesiones de uso del suelo sin exigir seguros ambientales que cubran el costo de rehabilitar las tierras degradadas tras la retirada de las empresas.
La vulnerabilidad de los ecosistemas montañosos mantiene en estado de asamblea permanente a las comunidades rurales. Ante el riesgo de una desertificación irreversible en los valles y cuencas, la sociedad civil exige al Poder Ejecutivo frenar las autorizaciones hasta que se garantice el resguardo técnico de los suelos en la minería en Catamarca.
