Las crecientes incertidumbres sobre la sustentabilidad de los recursos naturales y la falta de auditorías ambientales exhaustivas reavivaron la controversia en los departamentos del interior. Productores agropecuarios y especialistas en medio ambiente fustigaron la falta de controles estatales sobre el impacto de la minería en los suelos agrícolas de Catamarca.
El núcleo del reclamo radica en los planes de cierre de mina y las evaluaciones de impacto ambiental presentadas por las firmas operadoras en la región de Puna y cordillera. La constante remoción de la capa vegetal fértil, la compactación por maquinaria pesada y la alteración de las cuencas hídricas generan daños irreversibles en la estructura del terreno en Catamarca.
Técnicos del sector advirtieron que la salinización de las napas y la erosión acelerada reducen de forma drástica las hectáreas destinadas al pastoreo y al cultivo tradicional. A pesar de los anuncios de inversión privada y regalías extractivas, la falta de remediación oportuna degrada la capacidad productiva de las comunidades rurales del oeste.
A este panorama se suman las advertencias de ingenieros agrónomos sobre la lenta recuperación de la materia orgánica en suelos de alta montaña. Argumentan que sin procesos de restauración guiados por el Estado, los pasivos ambientales afectarán durante décadas la economía de las futuras generaciones.
Opacidad ambiental e intensos reproches al Ministerio de Minería
Las principales objeciones de los colectivos productivos apuntaron a las autoridades del Ministerio de Minería y de la Secretaría de Ambiente por no publicar estudios edafológicos independientes. Cuestionan que el Gobierno provincial convalide los informes presentados por las empresas multinacionales sin ejecutar inspecciones permanentes en los predios de exploración y explotación.
De igual manera, representantes comunitarios reprocharon la ausencia de un fondo de garantía de acceso público destinado exclusivamente a la restauración ecológica de las zonas intervenidas. Criticaron que las dependencias oficiales prioricen la concesión de nuevos pedimentos mineros sin exigir previamente un ordenamiento territorial riguroso que proteja la cuenca productiva.
La persistente degradación del terreno y la amenaza de desertificación mantienen en estado de alerta a los pobladores rurales del Valle Central y el interior. Ante el riesgo que sufren las economías regionales, la sociedad exige auditorías externas sobre la minería en los suelos agrícolas de Catamarca.
