El cambio de rol de la provincia en la ruta del tráfico de estupefacientes encendió las alarmas de las fuerzas de seguridad y de los tribunales penales. Informes policiales confirmaron que la jurisdicción dejó de operar únicamente como zona de tránsito para consolidarse como un nodo de acopio y enfriamiento, incrementando la circulación del narcotráfico en Catamarca.
La revelación surgió tras las precisiones brindadas por la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía provincial, organismo que contabilizó 230 procedimientos, 130 detenidos y 420 personas demoradas desde enero hasta octubre de 2026. Los datos ratificaron el uso de la Ruta Nacional 38 como el eje central de un corredor clandestino con destino a Mendoza y Chile, concentrando 34 operativos clave en Catamarca.
Las investigaciones oficiales determinaron que las organizaciones delictivas emplean tecnologías complejas y utilizan de manera recurrente a mujeres como mulas para vulnerar los controles camineros. Ante este escenario, la Policía provincial reforzó las inspecciones con brigadas antinarcóticos y perros adiestrados en los puestos estratégicos de La Viña, El Portezuelo y en la Ruta Nacional 157.
El fenómeno genera divisiones de criterio en el ámbito judicial, donde mientras algunos magistrados sostienen que el territorio actúa como puente, los fiscales federales advierten que el almacenamiento de sustancias abastece la red de narcomenudeo local, golpeando a los sectores vulnerables en la Capital y los departamentos del interior.
Controles en rutas y duros reproches a la falta de prevención
Las principales objeciones de dirigentes comunitarios y especialistas en seguridad se dirigieron hacia el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Seguridad por la demora en articular políticas preventivas de fondo. Cuestionan que las carteras estatales reaccionen ante el despliegue de los delincuentes en lugar de implementar una estrategia integral que contenga el flujo de estupefacientes en los barrios.
De igual manera, representantes de instituciones sociales remarcaron que el asentamiento de depósitos de droga altera la tranquilidad de los vecinos y multiplica los delitos menores. Criticaron que el Poder Ejecutivo provincial no asigne los recursos logísticos ni presupuestarios suficientes para proteger los corredores escolares y acompañar el esfuerzo de las fuerzas operativas.
El avance de las redes delictivas en las trazas viales y los centros urbanos expone la vulnerabilidad del entramado social. Ante el peligro latente para la juventud, la ciudadanía exige controles permanentes y respuestas de fondo para frenar el narcotráfico en Catamarca.
