El hermetismo oficial en torno al desarrollo de nuevos proyectos extractivos reavivó los reclamos territoriales y parlamentarios en el interior provincial. La falta de precisiones sobre el uso de los recursos hídricos y el impacto ambiental directo en la zona del departamento Ancasti intensificó las demandas de las comunidades locales sobre la información minera.
Las advertencias fueron encabezadas por el intendente de la Villa de Ancasti, Rodolfo Santillán, quien cuestionó que la cartera de Minería no brinde detalles sobre los avances de la prospección de litio en la sierra. El jefe comunal denunció la falta de estudios de impacto ambiental y la ausencia de datos sobre el volumen de agua dulce que demandarán las actividades en Catamarca.
A estos reclamos territoriales se sumaron los cuestionamientos sobre la administración de los recursos financieros. Recientemente, representantes opositores pusieron el foco en el Fideicomiso Minero, exigiendo auditorías externas para transparentar la ejecución de las regalías y verificar la llegada concreta de obras de infraestructura vial e hídrica a los municipios productores de la provincia.
La opacidad en la gestión de las licencias ambientales contrasta con el discurso del Ejecutivo provincial, que promueve el régimen de inversiones extractivas como el principal motor de desarrollo regional, mientras intendentes del interior y pobladores advierten que la falta de participación social pone en riesgo los cauces de agua y las reservas forestales.
Controles en dudas e intensos reproches a la gestión de información minera
Las principales observaciones de las autoridades municipales se dirigieron hacia el Ministerio de Minería y la Secretaría de Medio Ambiente por no convocar a audiencias públicas previas en los valles afectados. Cuestionan que las carteras estatales otorguen permisos de exploración sin consultar a los jefes de gobierno local ni exponer los pliegos técnicos de las empresas concesionarias.
De igual manera, referentes ambientales y pobladores remarcaron la necesidad de monitorear las cuencas que abastecen a la ganadería y la agricultura familiar. Criticaron que el Ejecutivo provincial avance en acuerdos con firmas privadas sin garantizar comisiones de fiscalización ciudadana ni publicar los informes de impacto sobre los acuíferos subterráneos, afectando la información minera.
El avance de los proyectos sin consenso social ni fiscalización ambiental mantiene en estado de alerta a las poblaciones serranas. Ante el riesgo latente sobre las fuentes de agua y la producción agropecuaria tradicional, intendentes y vecinos exigen la inmediata difusión de los informes sobre la información minera.
