Las protestas en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo (CAPE) expusieron severas irregularidades burocráticas y favoritismos sindicales en el área de Educación. Docentes con hasta 18 años de trayectoria volvieron a manifestarse en los pabellones oficiales para exigir el cese de la postergación administrativa en las titularizaciones en Catamarca.
La denuncia pública fue encabezada por la profesora Corina Díaz, quien reclamó ante la falta de avances en su expediente personal a pesar de cumplir formalmente con todos los requisitos fijados por el Decreto 336/2026 promulgado por el Poder Ejecutivo. La educadora señaló que sufre un trato persecutorio por no pertenecer a las cúpulas gremiales afines y por haber criticado previamente las condiciones edilicias y salariales en Catamarca.
El estancamiento administrativo provocó un severo deterioro en la salud de la profesional, quien sufrió un episodio de epilepsia tónico-clónica semanas atrás dentro del propio predio ministerial a causa del desgaste institucional. La docente detalló que debe afrontar personalmente costosos estudios médicos y consultas con epileptólogos fuera de la provincia debido a la falta de cobertura y especialistas locales.
A pesar de contar con promesas informales de resolución, las autoridades educativas continuaron ofreciendo respuestas evasivas durante la última jornada. Díaz remarcó la arbitrariedad del proceso al constatar que otros agentes sin la antigüedad requerida obtienen la estabilidad laboral de forma inmediata.
Trabas ministeriales e intensos reproches por las titularizaciones en Catamarca
Las principales observaciones de la comunidad docente se dirigieron hacia los funcionarios del Ministerio de Educación provincial por aplicar criterios discrecionales en la confección de los padrones definitivos. Cuestionan que las autoridades de la cartera utilicen los trámites de estabilidad laboral como mecanismo de presión política frente a quienes ejercen el derecho al reclamo.
De igual manera, referentes de sectores autoconvocados criticaron la falta de intervención de la Dirección de Inspección Laboral para frenar el destrato burocrático sobre el personal afectado. Reprocharon que el Estado provincial no garantice la transparencia de las actas y fuerce a los trabajadores a recurrir a la vía judicial para hacer valer los derechos contemplados en el Estatuto Docente.
Ante la falta de respuestas en los despachos ministeriales, la educadora confirmó que trasladará las actuaciones al Ministerio de Trabajo e iniciará acciones legales. La discrecionalidad en la entrega de cargos permanentes mantiene en alerta al sector escolar, que exige ecuanimidad y transparencia en el proceso de titularizaciones en Catamarca.
