La falta de soluciones oficiales ante el vencimiento de contratos de alquiler y la imposibilidad de afrontar nuevos montos reavivaron las críticas hacia el área social del Gobierno. Dos jubiladas del barrio Libertador 2 hicieron pública su dramática situación de precariedad extrema para exigir la urgente intervención estatal mediante asistencia habitacional en Catamarca.
El caso involucra a Mirta Escobar, de 62 años, y a su madre María Magdalena Moreira, de 88 años, quienes enfrentan el término de su contrato de arrendamiento en el sector conocido como Las Mil Viviendas. La imposibilidad de renovar el alquiler con sus haberes previsionales las dejó al borde de quedar en la calle en la ciudad Capital de Catamarca.
A la amenaza inminente de desalojo se suma la privación de servicios esenciales dentro del inmueble. Las afectadas relataron que subsisten sin acceso a gas natural y que sufrieron el retiro del medidor de energía eléctrica, situación que agrava el estado de salud de la adulta mayor de 88 años en un contexto de vulnerabilidad extrema.
Las damnificadas explicaron que realizaron gestiones ante reparticiones públicas como el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) sin obtener respuestas concretas. Aclararon que no solicitan asistencia gratuita, sino la posibilidad de acceder a una solución habitacional social o a un alquiler acorde con sus menguados ingresos mensuales.
Inacción del IPV e intensos reproches por la asistencia habitacional en Catamarca
Las principales observaciones de organizaciones sociales se dirigieron hacia las autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanización por la falta de un protocolo de contención para personas de la tercera edad. Cuestionan que el IPV mantenga trámites burocráticos paralizados mientras familias vulnerables pierden el techo y los servicios básicos en los barrios de la periferia urbana.
De igual manera, referentes comunitarios remarcaron la necesidad de implementar un registro de emergencia para frenar desalojos por razones económicas. Criticaron que las políticas habitacionales provinciales no incluyan subsidios directos ni terrenos sociales para jubilados que no pueden competir con los valores especulativos del mercado inmobiliario actual.
La acumulación de pedidos de vivienda sin respuesta oficial evidencia las severas falencias en la cobertura social del Estado provincial. Ante el riesgo inminente de que las jubiladas queden desamparadas en la vía pública, vecinos y agrupaciones exigen una respuesta inmediata de asistencia habitacional en Catamarca.
