El grave caso de acoso escolar y difusión de material íntimo que conmociona a la provincia sumó un nuevo capítulo tras el pronunciamiento público del fuero especializado. Ante la escalada de escraches y agresiones digitales desatadas tras la viralización del hecho, el juez Penal Juvenil Rodrigo Morabito difundió una carta abierta llamando a la reflexión a la sociedad e interpelando a los organismos públicos sobre el acoso escolar en Catamarca.
A través de un escrito titulado “No nos convirtamos en aquello que queremos evitar”, el magistrado remarcó que la adolescente víctima requiere la máxima protección estatal, acompañamiento y respeto a su privacidad. Sin embargo, advirtió firmemente que la condena social no puede derivar en linchamientos mediáticos ni en violencia en redes sociales, remarcando que el esclarecimiento de los hechos debe canalizarse exclusivamente por las vías judiciales en Catamarca.
El integrante del Poder Judicial cuestionó de forma explícita el rol defensivo y tardío de los organismos estatales frente a la violencia adolescente. En su mensaje, el magistrado reclamó que las instituciones públicas actúen de manera preventiva y continua, criticando que los mecanismos de control e intervención escolar se activen únicamente cuando los casos alcanzan alta repercusión mediática en Catamarca.
En la misma línea, Morabito planteó la necesidad de dotar a los establecimientos educativos de herramientas efectivas para detectar el hostigamiento a tiempo. Señaló además la responsabilidad de los adultos y los discursos públicos basados en el insulto, sosteniendo que la erradicación del acoso exige coherencia entre las exigencias comunitarias y el ejemplo transmitido desde el ámbito familiar.
Responsabilidad institucional ante el acoso escolar en Catamarca
Las principales observaciones del juez de menores apuntan a la falta de políticas de prevención sostenidas por parte del sistema educativo y de las carteras estatales. Cuestionó que la respuesta de las autoridades se limite a actuaciones posteriores a la viralización de los ataques, en lugar de consolidar espacios de contención permanente en las aulas de Catamarca.
De igual manera, el magistrado criticó que la indignación comunitaria derive en la reproducción no consentida de imágenes íntimas y en escracches colectivos contra los implicados. Reprocharó que se pretenda combatir la crueldad escolar mediante manifestaciones violentas en plataformas digitales, lo que profundiza la vulneración de derechos.
La toma de posición de la Justicia juvenil abre un debate sobre la contención del ciberacoso y la efectividad de las políticas públicas. Ante el avance de la causa penal, la ciudadanía exige que el Gobierno concrete protocolos preventivos para frenar el acoso escolar en Catamarca.
